El 'caso Karlos' cumple tres años a la espera de la fecha de juicio

El proceso judicial de la conocida como Operación Karlos, que destapó en la provincia una trama de falsificación de indemnizaciones por incapacidad laboral, afronta ahora su recta final hacia la celebración del juicio, aún pendiente de la fecha, cuando se cumplen tres años del inicio de la investigación.

Comenzaba el mes de abril de 2006 y la información saltaba a los primeros titulares de los medios de comunicación: «La Guardia Civil detiene a siete personas por falsear informes médicos para obtener bajas» -rezaba el titular de LA VOZ-. Entre los detenidos se encontraban los cabecillas de la trama: el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, y un médico de la Unidad de Inspección del SAS, Francisco Casto Pérez. El primero se encargaba de captar clientes a los que cobraba de 3.000 a 18.000 euros por tramitar pensiones por incapacidades físicas que eran falsas. Casto, por su parte, cobraba supuestamente por falsificar los informes médicos del SAS. Y, en medio, formaron toda una red de intermediarios y colaboradores, para que el engaño funcionase.

Pocos podían imaginar entonces las dimensiones de la estafa, una de las mayores de los últimos años, con más de 40 personas imputadas, que ha estado además rodeada por un gran seguimiento de la prensa del corazón, debido a la implicación de una de sus protagonistas: María José Campanario, esposa del torero gaditano Jesulín de Ubrique, y acusada de mediar en una pensión para su madre -también imputada-.

Durante estos tres años el caso ha pasado por un sinfín de tribulaciones: desde un cambio en los jueces de instrucción -del número 2 de Jerez al número 1 de Cádiz- a más de una decena de recursos formulados por los abogados defensores de los acusados, presentados con el objetivo de anular el caso antes de que llegara a juicio. No en vano, los tribunales de Cádiz han tenido que pronunciarse sobre estos recursos hasta en cuatro ocasiones, negando posibles errores en las diligencias de la investigación.

Maraña de apelaciones

Sólo unos cuantos han conseguido a apearse del caso, que comenzó con casi 45 inculpados y llegará a juicio con unos 30 acusados. Ya en marzo de 2008, al finalizar la instrucción, el juez de Cádiz redujo el número de imputados a 34 (uno de ellos exculpado después y otro fallecido). La Fiscalía, por su parte, volvió a archivar el caso para otras nueve personas en octubre, por lo que litigará sólo contra 26 implicados; aunque las acusaciones particulares -que representan al SAS y el Instituto de la Seguridad Social, como perjudicados de la estafa-, mantuvieron su acusación contra los 32 primeros imputados.

La penúltima oportunidad para recurrir tuvo lugar el pasado mes de enero, cuando el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial decretó el archivo del caso para otras dos personas -María del Pilar Bravo y Justo Carretero-.

De este modo, serán finalmente 30 personas las que se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellos, los dos supuestos cabecillas de la trama, Francisco Casto Pérez y Carlos Carretero, para quienes la fiscalía pide las máximas penas (10 años de cárcel). Y las imputadas más mediáticas: María José Campanario y su madre, para las que se piden cuatro años y medio de cárcel como pena.

Todos ellos tendrán aún una última oportunidad de bloquear el caso en las cuestiones previas al juicio, cuando con toda seguridad los abogados volverán a pedir que se anulen las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. Estas pruebas son fundamentales y sustentan, entre otras, la acusación a María José Campanario, que sin las escuchas telefónicas se vendría abajo de manera inmediata.

Penúltimo trámite

Por ahora, los tiempos del proceso dependen otra vez de la labor de los abogados defensores, que trabajan en la elaboración de sus escritos de calificación, el último paso previo a la señalización del juicio por el tribunal. Y aunque a finales de octubre los abogados preveían que éste se podría celebrar «en primavera», los meses han pasado y la vista oral sigue sin una fecha marcada.

Evidentemente, el gran número de acusados ha ralentizado el trámite, aunque el juez ha concedido a los letrados un plazo de 14 días por cada dos acusados para concluir sus escritos. De modo que, según Felipe Meléndez abogado de Francisco Casto, las calificaciones podría estar listas «a finales del mes de abril».

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial será entonces el que deba fijar una fecha para la vista, que con toda probabilidad se dividirá en varias sesiones y podría necesitar un espacio distinto al Palacio de Justicia de Cádiz, para poder albergar a los más de 30 imputados y sus defensas.

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