Consenso para legalizar

El proceso de regularización parece, por fin, que está a punto de iniciarse. Tras varios amagos, que coincidieron con la etapa de inestabilidad política en la ciudad al comienzo de la presente legislatura (con moción de censura incluida), el actual Gobierno municipal de PSOE, PSA e IU tiene previsto afrontar la regularización. El calendario lo marcará la aprobación definitiva de las Ordenanzas para legalizar los 18 millones de metros cuadrados de suelo de las Áreas de Gestión Básica. Según el alcalde, José María Román, este marco legal y jurídico estará listo en verano y verá la luz de forma inminente.

Se establecerán «una serie de encuentros y contactos políticos y sociales para buscar el máximo consenso en torno a este proceso», apunta Román. Y es que el visto bueno de los propietarios, representados por las cinco federaciones de AAVV, es fundamental para que el proceso arranque. Las premisas serán dos al comienzo. Primero, urbanizar «sólo lo imprescindible», a efectos de rebajar lo máximo el coste final que tendrá legalizar y contar con servicios a los dueños de las más de 15.000 viviendas irregulares que existen. La segunda condición indispensable será «fasear las obras», que como Román explicó, no será otra cosa que diferenciar los trabajos de acometida de agua y luz en un primer momento y luego llevar a cabo el resto de las labores de urbanización. El proceso de legalización masivo que está a punto de iniciarse en Chiclana es pionero en Andalucía, y ha sido puesto como ejemplo en numerosas ocasiones por la Junta, que pretendía incluso en su momento exportarlo a otros municipios con problemáticas similares de la comunidad. El hándicap principal que tendrá este proceso es que se asienta sobre un PGOU anulado actualmente por el TSJA y recurrido por la administración al Supremo. Junta y Ayuntamiento han fijado en dos años el plazo para revisarlo.

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