El Gobierno impugna las ayudas vascas a las familias de etarras

El Gobierno llevará al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe ante los tribunales para tratar de impedir que los familiares de presos de ETA reciban las ayudas económicas que se incluyen en los Presupuestos del País Vasco para 2009, aprobados en diciembre pasado por el Parlamento de Vitoria.

Los responsables de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, han acordado que la Abogacía del Estado recurra ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la convocatoria de ayudas que el Ejecutivo de Vitoria publicó el pasado 24 de marzo en el Boletín Oficial del País Vasco. La impugnación deberá ser resuelta por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese tribunal.

La convocatoria recurrida destina 225.081 euros para ayudar a sufragar los gastos que tienen los familiares de los terroristas encarcelados en sus visitas a las cárceles. Estas ayudas públicas, que se incluyen en los presupuestos vascos desde 2006, terminan destinadas en su práctica totalidad a paliar los gastos de los padres, hermanos, cónyuges e hijos de presos de ETA en sus desplazamientos a las prisiones. El decreto impugnado establece pagos de entre 200 y 600 euros por viaje realizado, que se otorgan según la distancia al centro penitenciario desde el lugar de residencia.

Los servicios jurídicos del Estado persiguen que el futuro lehendakari, con toda probabilidad el socialista Patxi López, no se vea obligado a pagar unas subvenciones concedidas por el Gobierno de Ibarretxe. El próximo presidente vasco pretende desterrar de la nueva etapa del Gobierno vasco la concesión de estas ayudas dentro de un programa para la deslegitimación política y social del terrorismo. De hecho, el pacto que hace dos semanas firmaron el PSE y el PP descarta entregar dinero público a personas u organizaciones vinculadas a la actividad terrorista.

Explosivos en Grenoble

Por otro lado, ayer se descubrió que ETA guardaba en un garaje subterráneo de Grenoble (este de Francia) media tonelada de productos explosivos y recipientes metálicos acondicionados para confeccionar 'megabombas' como las empleadas en el atentado contra el aeropuerto de Barajas. El zulo fue denunciado por el propietario de la cochera, que la había alquilado en diciembre a un francés que le presentó documentos de identidad falsos y le pagó en metálico tres meses por adelantado. El dueño, un joven estudiante de 21 años, acudió el domingo por la tarde a inspeccionar el local escamado por el impago de las mensualidades correspondientes a marzo y abril por parte de un inquilino del que no había vuelto a tener señales de vida. Artificieros y agentes de la Policía Técnica y Científica registraron el escondite entre la expectación de los vecinos, alarmados por la peligrosidad potencial del material evacuado para los habitantes de la céntrica calle Arago.