«Esto no va a quedar así»

Tres días después de la puesta en libertad con cargos de los implicados por la supuesta malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de San Fernando, LA VOZ acudió a la casa de Clemente R. G. para intentar hablar con el funcionario. Sin embargo, el estado anímico en el que se encuentra impidió que pudiera responder a las preguntas del periódico, siendo su mujer la que finalmente volvió a dar la cara ante los medios de comunicación por una razón muy simple pues «está destrozado psicológicamente», aunque dispuesto a lavar su imagen por que «esto no va a quedar así».

Y es que, las aguas continúan revueltas en San Fernando debido a la pérdida de 468.000 euros de la caja municipal. Tras la salida en libertad con cargos de los dos imputados en la supuesta malversación de fondos públicos, los funcionarios, que tienen un expediente disciplinario abierto y medidas cautelares de suspensión en sus funciones, se plantean la posibilidad de presentarse como acusación particular dentro del conflicto, una vez se levante el secreto de sumario y en el caso de que se realice el sobreseimiento de la causa, para que se resuelva el verdadero estado de la caja.

Una posibilidad que toma cuerpo y que lo más probable es que tal decisión se cierre hoy, cuando ambos mantengan una reunión con sus respectivos abogados defensores. De esta forma, los letrados llamarán a declarar tanto al interventor como a la tesorera, que firmaron el informe que sirvió como base a la denuncia, así como al alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo, en un intento de aclarar los sucesos que motivaron a la acusación de los dos funcionarios y sobre todo ante la falta de pruebas reunidas contra ambos.

También se tomarán medidas en cuanto a los daños morales causados a los dos detenidos ante la presión a la que se han visto sometidos en los tres días que han permanecido arrestados en los calabozos de la Comisaría Nacional. De hecho, los letrados le aconsejaban a los familiares que acudieran a centros médicos para que atendieran tanto a Clemente R. G. como a María J. L. ante los problemas físicos y psicológicos que presentaban.

Tratamiento médico

Ambos implicados se encuentran en sus domicilios descansando bajo el apoyo de sus familiares y amigos. La mujer de Clemente afirmaba que su marido «se encuentra muy mal psicológicamente y hoy -por ayer- lo hemos llevado al médico para que lo viera». Ella asegura que las cosas «no van a quedar así» y que están «reponiendo fuerzas para limpiar la imagen que se ha mostrado de ellos en los últimos días».

Lo que peor ha sentado a los funcionarios es «ver que hay nombres en los que tenían plena confianza y que ahora les han dado la espalda». Se tratan de unos momentos muy complicados sobre todo porque «los han acusado siendo inocentes y ahora les toca pagar porque han aparecido muchas cosas que no son verdad».

Una maraña de rumores que se fueron extendiendo en cuanto se produjo la detención de los cajeros municipales y que sobre todo recayó en la figura de Clemente. Su mujer ya ha manifestado que «de ninguna manera tenemos más negocios que la inmobiliaria y la casa donde vivimos es de mi madre y los que tenemos es un alquiler con opción a compra».

De esta manera, aún queda por conocerse la cantidad exacta que ha desaparecido de las arcas municipales y los meses en los que ha transcurrido la desviación de los caudales públicos. Unas incógnitas que el Consistorio espera resolver en las próximas semanas pues ya ha dado las instrucciones pertinentes para que de forma interna se continúe la investigación que comenzara el miércoles de la semana pasada por los servicios económicos municipales.

Unos servicios que están en el ojo de un huracán que crecerá cuando la investigación, que actualmente se encuentra en secreto de sumario, vaya avanzando para determinar el proceso por el que han desaparecido más de 468.000 euros. Un desfase contable que pone la duda sobre los sistemas para el control de las cuentas municipales y la realización de arqueos periódicos. De esta manera y según las declaraciones de los implicados ante la jueza instructora del caso existe un desfase contable de unos siete millones de euros entre lo que dice el programa informático y lo que contiene realmente la caja. Ahora se espera que el estudio de la documentación incautada en estos días arroje algo de luz que esclarezca la verdadera situación de las arcas municipales. Lo único claro es que no existen pruebas suficientes para inculpar ni a Clemente ni a María José.