«Preocupémonos del hoy para mejorar el mañana y lo pasado, pasado está»

-La llegada del nuevo equipo al Ministerio ha supuesto un cambio sustantivo en las relaciones con los estamentos judiciales. ¿A qué responde este nuevo clima?

-A la necesidad, inaplazable, de afrontar la tarea modernizadora de la Justicia de manera coordinada y contando con todos los implicados y actores. Esas áreas de atención preferente, como expreso el ministro en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, vienen definidas básicamente por cuatro ejes estratégicos. Avanzar en la calidad de la justicia adoptando medidas organizativas equilibradas y razonables; incorporar plenamente nuestro sistema de justicia a las tecnologías de la información y comunicación; reforzar la seguridad y la libertad de los ciudadanos actualizando nuestra legislación penal tanto sustantiva como procesal y potenciar la cooperación intergubernamental e internacional especialmente aprovechando al máximo las posibilidades de la Presidencia española de la Unión Europea.

-La suspensión de la huelga ¿se ve respaldada por posibilidades cercanas y ciertas de acuerdos o es sólo un impasse?

-Nuestro trabajo no puede ni debe estar condicionado por esa agenda, lo que en modo alguno supone despreocupación por un tema de tanta trascendencia para el conjunto de la sociedad. El objetivo del Ministerio de Justicia se está definiendo y a la vez se estén articulando propuestas concretas. Podríamos destacar, entre otras, la convocatoria para este año de 220 plazas de jueces y juezas, el máximo que permite la capacidad de la Escuela Judicial de Barcelona que, como saben, depende del Consejo General del Poder Judicial, así como la ampliación a 150 de las plazas convocadas para el cuerpo de fiscales. Existe el compromiso de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros jueces superando el traslado forzoso por ascenso a la categoría de magistrado. Buscamos una fórmula que concilie la facultad de señalamiento, que corresponde a jueces y magistrados, con la gestión de la agenda procesal y la dirección de la oficina judicial, que compete a los secretarios judiciales. En cualquier caso, las reformas deben tener un impacto efectivo en el modo de impartir justicia en nuestro país pero también en los profesionales que prestan en él sus servicios.

-Tienen apenas tres meses para alcanzar un acuerdo que evite la nueva huelga, ¿es posible poner el contador a cero?

-Esa expresión, cargada de simbología, lo que viene a decir es que anteriores desencuentros no deben condicionar el presente, ni muchos menos hipotecar el futuro. Son, por tanto, el presente inmediato y sobre todo un futuro a corto y medio plazo los retos temporales que nos proponemos para en él y bajo un clima de trabajo sincero y leal, con todos los sectores, conseguir un gran acuerdo social sobre el que cimentar , consolidar una política del consenso y, conseguir un sistema judicial del que los ciudadanos, fuente de legitimación de la Justicia, nos sintamos orgullosos. Este gran acuerdo nos llevará a implantar la nueva Oficina Judicial y a modernizar definitivamente la gestión procesal de nuestros juzgados y tribunales. Informatizar nuestros órganos judiciales permitiendo su conectividad en red. Trazar el nuevo Mapa Judicial que reclama la España del siglo XXI e impulsar fórmulas de conciliación y mediación que nos permitan reducir nuestra enorme litigiosidad.

-Este «gran acuerdo social» que ha anunciado el ministro busca implicar a la sociedad civil. ¿Cree posible conseguir que aumente la confianza de los ciudadanos en la Justicia?

-Si no lo conseguimos será la evidencia de nuestro fracaso. Es la única óptica posible, el ciudadano es el centro y núcleo del sistema de Justicia. Los ciudadanos nos piden que arrinconemos nuestros conflictos e intereses sectoriales y que logremos acuerdos amplios y duraderos para que la reforma de la Justicia la sitúe en niveles de eficacia y eficiencia. No lo duden, la Justicia precisa de legitimidad social y de eficiencia. Legitimidad como grado de confianza y credibilidad que el sistema de Justicia debe tener para la ciudadanía y la eficiencia, como la capacidad del sistema para producir respuestas eficaces. Sin ambas características, el ciudadano volverá a situar a la Justicia en el pelotón de cola.

El acuerdo social

-En cuanto a la propuesta de un pacto de Estado, ¿confía en una respuesta generosa por parte de las fuerzas de oposición, en la actual coyuntura?

-En el acuerdo social propuesto por el Ministro el pasado 26 de marzo caben todos y por eso, no es de extrañar que los portavoces de Justicia de los distintos grupos parlamentarios mostraran su predisposición a aunar esfuerzos en pro del objetivo común descrito. Todo lo que se refiere a la Justicia debería sustraerse, en su más amplia expresión, a la disputa partidaria, no olvidemos que se articulan leyes para los ciudadanos pero aplicadas por otro Poder del Estado. Al legislar se debe tener muy presente esta especial singularidad, porque una ley en materia de justicia es la expresión normativa de un Poder del Estado regulando a otro Poder del Estado. Por ello, no es extraño que el ministro expresara que nuestro modo de actuar debe estar presidido por dos máximas de principio: prudencia y consenso.

-La falta de medios reiteradamente reclamada por los distintos estamentos ¿se resuelve con 600 millones en tres años? ¿Cuál es la secuencia de la inversión?

-La cifra de 600 millones de euros en tres anualidades se ciñe a la modernización tecnológica e implica un objetivo claro, lograr que nuestros juzgados y tribunales puedan trabajar en red, conectados entre sí, con acceso telemático al sistema de Registros y accesibles por vía electrónica para los usuarios de la Justicia. En esta labor es imprescindible la estrecha colaboración del Consejo General del Poder Judicial y las CC. AA.

-¿Revisamos los cuatro ejes del plan del Departamento? El primero, medidas organizativas. ¿Cuáles, a grandes rasgos, se prevén?

-Los cuatro ejes estratégicos van referidos a mejorar la calidad la Justicia adoptando medidas organizativas, equilibradas y razonables; incorporar plenamente nuestro sistema de Justicia en las Tecnologías de la Información y Comunicación y adecuar el Registro Civil a la realidad de una sociedad moderna, ágil y conectada como la española; reforzar la libertad y la seguridad de los ciudadanos actualizando nuestra legislación penal, tanto sustantiva como procesal para dar respuesta a las nuevas necesidades de protección y profundizar en la cooperación intergubernamental e internacional, especialmente, aprovechando al máximo las posibilidades de la Presidencia europea. Para lograrlo, es preciso elaborar una estrategia en la que quepan todos los actores e instituciones comprometidas en el desarrollo y modernización del sistema. El Ministerio de Justicia está dispuesto a impulsar este proceso.

-¿Qué actuaciones se preparan sobre el Registro Civil?

-La reforma del Registro Civil es inaplazable. El Registro Civil nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte pero pese a ser tan fiel no nos pone las cosas fáciles las cosas en la vida. Comprobamos que más del 40% de las quejas formuladas por los ciudadanos se refieren a incidencias y trámites registrales. Vamos a trabajar para superar ese estado de cosas y lo haremos mediante la presentación de una Ley del Registro Civil de España. Una Ley con la que queremos conseguir dos objetivos principales, el primero, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en línea con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno y el segundo objetivo será la constitución de un Registro Civil único para toda España y en línea, accesible para todos los ciudadanos, aunque con unidades de información y atención a los ciudadanos en los municipios.

-El ministro ha anunciado la actualización de la legislación penal ¿Qué nuevos delitos se van a incluir, qué nuevas penas?

-Desde el Gobierno se ha impulsado una reforma importante del Código Penal para atender nuevas necesidades de protección como, entre otras, la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la identidad sexual de los menores o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas. El anteproyecto, que está en fase de informe, debe ser objeto de un trabajo detenido a la luz de los informes de los órganos consultados con el fin de que el texto final que se remita a las Cámaras sea lo más perfecto posible en su vertiente técnica y refleje el sentir y las demandas de los ciudadanos.

-Usted vivió en su juzgado de instrucción gaditano la huelga de jueces. ¿Qué le pareció? ¿Qué utilidad cree que tuvo?

-Sí es cierto, desde la Audiencia Provincial de Cádiz. Guardo impresiones fuertes y algo contradictorias, donde compañeros, servidores públicos y miembros de un Poder del Estado, expresaban su rechazo a una situación de impartir Justicia vivida como límite. Pero lo he dicho en alguna ocasión, y eso es también poner el contador a cero, preocupémonos del hoy para mejorar el mañana y lo pasado, pasado está.

Huelga de jueces

-Es ineludible preguntarle por el derecho a la huelga de los jueces ¿la tienen o no?

-Es una cuestión dudosa que solamente se superará cuando el Poder Legislativo elabore una Ley a tal respecto o cuando se pronuncien los Tribunales de Justicia. A mí, y lo he dicho en alguna ocasión, se me hace difícil conciliar el papel del Poder Judicial como Poder del Estado, tal como lo configura la propia Constitución, con el derecho de huelga.

-Los secretarios judiciales han reclamado su sitio. A su juicio ¿qué papel les corresponde? ¿Tendrán los señalamientos?

-Los secretarios judiciales están llamados a desempeñar un papel muy relevante en el funcionamiento de la oficina judicial. Por ello estamos, por un lado, reforzando su número con 450 nuevas plazas convocadas en 2008 y 290 más previstas para este año 2009, y, por otro lado, adoptando un conjunto de medidas para desarrollar las previsiones que sobre el cuerpo de secretarios contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial. El conflicto aparente entre jueces y secretarios por el señalamiento se solventará con una fórmula que concilie la facultad de señalamiento que corresponde a Jueces y Magistrados con la gestión de la agenda procesal y la dirección de la oficina judicial que compete a los secretarios judiciales

-El caso Tirado, detonante de la crisis actual, ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, el régimen de sanción de los jueces y la sensación, por una parte de impunidad y por otra de corporativismo. ¿Las cree justificadas?

-Me parece que es un tema sobre el que no me debo pronunciar estando pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

-Una última pregunta, sobre la situación de la Justicia en Cádiz, una provincia donde quizá la falta de medios en relación con la alta litigiosidad es mayor que en otras. ¿Se planea alguna reforma a la actual distribución de los asuntos entre las distintas sedes o a su reparto territorial?

-La situación de la Justicia en Cádiz no es diferente a la de tantas provincias españolas. Cierto es que por sus condiciones demográficas y estratégicas plantea una problemática especial que se aborda con medidas un tanto especiales. Es de las provincias de España que cuenta con más partidos judiciales con categoría de Magistrado y es, sin duda, la Audiencia Provincial que cuenta con más Secciones desplazadas de la capital. Ello, es sin duda, un reto organizativo que se suple, en no pocos casos, con un redoble de esfuerzos de los Magistrados que la integran, (esfuerzos de sustitución, dificultades para la unificación de doctrina, y otros tantos que ellos saben bien).