El PP admite que hay algunos casos «personales» de corrupción en sus filas

La dirección del PP ha acabado por aceptar que tiene casos de corrupción en sus filas. Pero con una diferencia en relación a otros partidos: son «temas personales» y no una trama para la financiación irregular de la organización. La secretaria general de los populares hizo ayer esta matización y aseguró a renglón seguido que actuará «en consecuencia» si los tribunales demuestran que los dirigentes populares que están implicados «no se portaron como se deben de portar».

Aunque el principal partido de la oposición mantiene sus críticas al juez Baltasar Garzón por la instrucción «ilegal» del sumario que implica a varios de sus dirigentes en la trama de corrupción de Francisco Correa, Dolores Cospedal aceptó que las «referencias» que se hacen son sólo de índole «personal» y, en cambio, no hay «ninguna referencia» a la financiación irregular del PP. «Lo diremos una y mil veces, esto no es Filesa», manifestó la número dos de los populares en alusión a la trama empresarial que crearon los socialistas en la década de los ochenta para financiar al PSOE.

Cospedal asumió así lo que es un secreto a voces en las conversaciones privadas de dirigentes y parlamentarios del PP, en las que admiten que los casos de corrupción no son un invento y exigen la dirección del partido que «los chorizos paguen». Sus quejas se centran en la instrucción que hizo el juez de la Audiencia Nacional porque con la continua filtración de datos los implicados están indefensos y, además, se extiende la imagen de una implicación del partido en la operación.

El PP tiene un especial interés en deslindar las presuntas implicaciones de sus dirigentes en la red corrupta de la financiación del partido. Mariano Rajoy dejó sentado desde el primer momento que por ahí no hay nada, y ya el 16 de febrero, en los primeros días de la 'operación Gürtel', empeñó su «palabra» para garantizar que el PP no recibió «ni un duro» de la trama de Correa. El líder de la oposición dejó ayer la tarea de deslindar una cosa de la otra a su secretaria general y se limitó a lamentar desde Barcelona que haya personas que «ven su nombre en los medios y sin posibilidad de defenderse», en referencia al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote.

Cospedal, entretanto, adelantó durante unas jornadas en la capital catalana con los presidentes provinciales del partido que tomará medidas si los que están acusados tienen responsabilidades penales. «Actuaremos en consecuencia con aquellas personas que no se portan como se tienen que portar», avisó ante los líderes locales del PP, aunque insistió en que hasta entonces defenderán la presunción de inocencia de los acusados.

La número dos del PP también sostuvo que es «muy distinto» el encuentro que mantuvieron el pasado lunes el secretario general de los populares madrileños y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Francisco Granados, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Vieira, órgano que se ha declarado competente para investigar el caso de los tres aforados del PP de esta comunidad vinculados a la trama corrupta, y la cacería que compartieron el juez Baltasar Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Granados y Vieira, precisó, «no pensaban que estuvieran haciendo mal» y se entrevistaron «a la vista de todo el mundo» en un contacto institucional.

Doble vara

No opinó la mismo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien tras la reunión del Consejo de Ministros denunció «la doble vara de medir» del partido opositor para valorar una reunión y la otra. La portavoz gubernamental también se quejó de la actitud del PP con el juez que ha instruido el 'caso Gürtel' porque se ha dedicado a «sembrar dudas y sospechas» sobre su imparcialidad.

La portavoz gubernamental opinó que los populares han optado por «una política de tierra quemada, cortoplacista» en la defensa de sus cargos acusados del cobro de comisiones de empresas ligadas a Francisco Correa. Es, añadió, una estrategia «equivocada» porque en un Estado de Derecho las fuerzas políticas no están para «sembrar dudas y extender sombras» sobre la actuación de la judicatura aunque «el goteo» de informaciones judiciales generen «una preocupación lógica» en el partido afectado.