Caamaño confía en frenar la huelga de jueces convocada para junio

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, está convencido de que la nueva etapa que se ha abierto tras su llegada permitirá un acuerdo con los jueces para desconvocar la huelga programada para el próximo 26 de junio. Para ello, confía en que, una vez puesto «el contador a cero» tras el brusco desenlace con el anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo, las renovadas relaciones entre su departamento y las asociaciones judiciales convocantes del paro fructifiquen y enfríen los ánimos huelguistas.

«Lo que me importa no era lo ocurrido antes, sino trabajar para el futuro con lealtad. Con esa voluntad llegaremos a un acuerdo», aseguró Caamaño.

A ese mismo espíritu se apuntó ayer el Congreso de los Diputados, que alcanzó una de sus raras unanimidades para demandar la «urgente» necesidad de un gran acuerdo nacional para modernizar la Justicia y sacar a los tribunales de su actual «situación crítica».

Todos los partidos con representación parlamentaria sin excepción se declararon dispuestos a discutir, pactar y respaldar el conjunto de medidas y de reformas legales necesarias para atajar los males que desde hace décadas lastran el trabajo de los tribunales.

Los grupos consideran que este «amplio acuerdo social» debe aglutinar no sólo a los partidos, sino también a todas las instituciones implicadas -Gobierno, autonomías y Poder Judicial- y a los principales operadores judiciales -asociaciones de jueces y secretarios, sindicatos de funcionarios y colegios profesionales-.

La finalidad del pacto de Estado, según la resolución aprobada por la Cámara fruto de un pacto entre PSOE y CiU, es «articular las bases que definan un calendario global de actuaciones, con los medios y medidas presupuestarias que se precisen y con los cambios legislativos que se consideren oportunos». El Congreso resalta la urgencia del pacto porque considera que las reformas más necesarias deberían estar ya en marcha en esta legislatura.

La declaración unánime entronca con una demanda casi idéntica puesta la semana pasada sobre la mesa por el ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Congreso. La resolución es fruto del debate político abierto en la Cámara el mes pasado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, que informó a los diputados sobre los graves problemas de funcionamiento de la Justicia.

Los acuerdos no sólo buscan dar una solución definitiva a los males seculares de los tribunales, sino también recoger y encauzar las reivindicaciones de las asociaciones de jueces para evitar una nueva huelga en el sector el próximo 26 de junio.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer otras 16 resoluciones en las que pide al Poder Judicial su implicación en el diseño de una red informática común a todos los tribunales, la creación de un sistema más justo para medir la carga de trabajo de los jueces y la definición de un nuevo mapa de órganos judiciales por órdenes y territorios, entre otras.