El interventor advierte que el agujero en las arcas de San Fernando podría ser mayor

El agujero contable detectado en las arcas municipales de San Fernando, que ha supuesto el arresto de dos funcionarios, podría ser aún más escandaloso y más grande que los 480.000 euros inicialmente descubiertos por el interventor del Consistorio. Ésa es una de las conclusiones del informe realizado por este técnico, que ha servido de base para la denuncia presentada el miércoles por la tarde en la comisaría isleña. La sospecha se debe a que su investigación interna a la Cuenta municipal sólo se ha limitado al presente ejercicio, es decir al periodo comprendido entre enero y marzo. Por eso, recomienda que se analicen los balances de años anteriores, como ya ha anunciado el alcalde De Bernardo que se va a realizar, ante la posibilidad de que ese desfase de casi medio millón de euros no sea fruto de una práctica aislada durante un corto periodo de tiempo.

Ese mismo temor fue trasladado ayer por el primer edil andalucista, que no escondió la posibilidad de que se hayan esfumado de las arcas del Ayuntamiento más dinero. En el ojo del huracán están los dos empleados destinados hasta el pasado miércoles, en la ventanilla de la Caja municipal. Tras su arresto, Clemente R. G. y María José L. D. C., fueron apartados del servicio. Los dos continuaban ayer en la comisaría, después de que la Policía prorrogara la detención para recabar pruebas y dotar de contenido las actuaciones derivadas de la denuncia del interventor. Fuentes cercanas al caso confirmaron que era inviable presentarlos ayer ante la jueza del nº 2 de Puerto Real, que estaba de guardia, ante la falta de material que aporte indicios sobre su supuesta participación en la apropiación de los 480.000 euros. Por eso, los agentes realizaron ayer varias diligencias como tomarles declaración a las personas que denunciaron los hechos como el interventor y la tesorera del Ayuntamiento. Ambos junto al asesor jurídico del Consistorio son los que rubricaron dicha denuncia.

Un 3% del saldo real

La Cámara de Cuentas de Andalucía confirmaba ayer algo que ya se conocía de manera oficiosa y es que una auditoría ordinaria que estaban realizando en el Consistorio isleño descubrió las primeras irregularidades en el balance de la Caja. A partir de ahí, fue el propio interventor quien decidió indagar en las cuentas de este departamento hasta que detectó que faltaban los 480.000 euros. La primera explicación que dio Clemente R. G. fueron los arqueos ficticios que a diario se hacen en este área municipal. Los chequeos que hacían al dinero existente en la caja no se realizaban al detalle. Según las mismas fuentes, este funcionario reconoció que se dejaban apuntes como los cobros de facturas derivadas de la compra de medicamentos que tienen acordados por convenio los funcionarios, sin cuantificar en el resultado final, y que se posponía, por ejemplo, para el arqueo del día siguiente.

Así confirmó que no se llevaba una contabilidad exacta al día, aunque esta explicación no convenció, dada la enorme cantidad de dinero que falta y que, por contra, pertenece a un periodo muy corto de tiempo. Y es que el saldo real que existe en estos momentos en la citada cuenta es sólo un 3% de lo que en realidad debía haber disponible.

Ya en sede policial, uno de los dos arrestados se acogió a su derecho a no declarar; mientras que la otra persona implicada insistió en negar los hechos y en asegurar que no son los únicos que tienen acceso directo a los fondos que guarda la Caja municipal; un detalle muy relevante y que fue confirmado por diferentes fuentes del Ayuntamiento.

La contundencia en la acusación directa que el miércoles se lanzó contra estos funcionarios, contrasta con la incredulidad de sus propios compañeros, muchos de los cuales seguían sin creer que estos empleados, con una larga trayectoria de más de 20 años en el Consistorio, se hubieran llevado el dinero.

Ambos serán trasladados hoy a los juzgados, salvo que la jueza ordene que se amplíen las actuaciones. Pero no existe mucho más margen, ya que el tiempo máximo que pueden permanecer detenidos de forma provisional son 72 horas; un plazo que expiraría mañana.

La incertidumbre no fue la única característica del ambiente que se respiraba ayer en el Consistorio; también la rumorología se encargó de cifrar el calibre exacto del roto que puede haber en las arcas municipales. Pero el estudio de los balances contables de la Caja municipal de los anteriores años fue ordenado el mismo miércoles, tal y como confirmó el propio Manuel María de Bernardo; lo que impide saber a día de hoy una cantidad exacta.

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