«Para tirar mi casa me tienen que matar»

Antonia Reina y Pepi Galindo son familia y junto a sus maridos residen desde hace muchos años en una vivienda adosada, construida de forma irregular, que se ubica en el kilómetro 3 de Pago del Humo, una de las zonas del extrarradio chiclanero más pobladas actualmente.

Su día a día discurre entre la carencia de servicios básicos, que suplen con mucha imaginación, esfuerzo y buen humor. «Yo llegué aquí hace más de 40 años», recuerda Antonia, que explica a este medio «las largas caminatas que tenía que hacer con mis niños hasta el ambulatorio cuando no teníamos coche antiguamente».

Y es que la falta de un centro médico cercano es una de las carencias más importantes que tiene esta familia en su domicilio habitual. Además, «tampoco nos llegan las cartas, y el cartero nos las deja en una venta aquí cerca»; y como novedad, desde hace unos años «tenemos una farmacia cerca y llegan hasta aquí los autobuses».

Vivir en una vivienda irregular en el término de Chiclana es lo más normal del mundo. Se estima que en la población existen unas 15.000 edificaciones fuera de control. Pero dentro de las casas levantadas en los últimos años al margen del planeamiento existe una casuística amplia.

Temor a los derribos

El caso de Antonia y Pepi es de los más afortunados, «porque hace unos años que tenemos luz», aseguran. Sin embargo, el agua corriente y el alcantarillado son para ellas casi servicio de lujo.

«Nosotros obtenemos el agua gracias a un pozo realizado mediante perforación hace años, que tiene más de 40 metros de profundidad y que pagamos de nuestro bolsillo». Así se garantizan el suministro potable de agua «incluso cuando los demás están secos», bromean.

Su casa se sitúa dentro del suelo urbano no consolidado que el actual Plan General de Ordenación de Chiclana legaliza, pero eso no será posible hasta que no se inicie el proceso de regularización aún en ciernes. De generaciones diferentes, estas dos chiclaneras comparten un mismo temor, que algún día lleguen las máquinas a derribar su hogar. «Claro que pensamos en los derribos, pero también sabemos que antes de que tiren esta casa tendrán que haber caído otras muchas», asegura Antonia.

Núcleos en El Puerto

Por su parte, Pepi es mucho más drástica. «Antes de que venga aquí una excavadora a tirar mi casa me tienen que matar», apunta. Y es que su vida discurre con normalidad «y sin hacer daño a nadie porque la construimos hace muchos años cuando aquí no quería venir nadie».

Algo similar ocurre en otros municipios de la provincia como El Puerto de Santa María. En el municipio portuense, concretamente en la zona denominada Hoyo 15 -perteneciente al distrito de Santo Antonio- residen una veintena de vecinos en casas sin los papeles en regla.

«Somos un caso especialmente sangrante, porque cuatro de nosotros tenemos ya sentencia de derribo, la mayoría estamos sancionados con multas administrativas, a otros les ha prescrito la sanción y los menos pagan su contribución y son prácticamente legales», relata uno de los vecinos, indignado por la «incongruencia de que tratan de forma diferente viviendo todos en la misma calle».

Unos y otros enumeran sus dificultades del día a día: la farmacia está a un kilómetro, no les corresponde ningún médico en el reparto de los distritos sanitarios y la Policía no acude «aunque los llamemos».

Algunos de estos residentes reconocen incluso que los problemas médicos que padecen «por el estrés de vivir así».