Tarde de reproches

En todos los plenos ordinarios de la Cámara autonómica, algún diputado o consejero siempre amenaza -o sería más correcto decir que amaga, porque nunca cumple su aviso- con acudir a los tribunales ante algún comentario que considera injurioso. Existe ya una amplia jurisprudencia al respecto. El Tribunal Supremo suele ser muy condescendiente con lo que se dice en sede parlamentaria, al entender que se trata de lenguaje político. Estos rifirrafes proliferaron de forma notoria en la sesión de control de ayer.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y la diputada del PP Carolina Fernández Vigo, se volvieron a ver las caras tras su roce de la semana pasada en Comisión. La diputada del PP alertó entonces de que Castillo le había dicho que padecía una dolencia psiquiátrica. Ayer ambas discutían sobre el tema que incendió la polémica: la denuncia del PP sobre la supuesta organización, por parte de la empresa pública andaluza Egmasa, de una cacería ilegal en el parque natural de Cazorla, Segura y las Villas. Castillo negó tal hipótesis y anunció que el PP tendría que responder ante el juez por tal afirmación. Los reproches continuaron durante toda la jornada. La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, negó con firmeza y rotundidad su posible implicación con el caso de las facturas falsas que se destapó en el Ayuntamiento de Sevilla y animó al popular Juan Ignacio Zoido a llevarla a los tribunales.

Naranjo fue más allá: le aseguró a Zoido que ella dimitiría si su departamento estaba implicado, pero le pidió al parlamentario popular y portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Sevilla que se comprometiera a marcharse si, finalmente, la Junta no está implicada. Hubo silencio.