El PA decidirá el lunes el futuro del edil que rompió el pacto, tres días antes de la moción

El alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana (PP), puede tener sus días contados al frente de la Alcaldía. Mangana anunció ayer que la moción de censura que presentaron PA y PSOE se votará en Pleno el próximo 1 de abril. El regidor hizo este anuncio a la vez que presentó ayer en Cádiz el informe elaborado por una auditoría externa del anterior mandato del socialista José Rafael Reyes.

El todavía alcalde precisó que la polémica votación tendrá lugar a las 12.00 horas. Además, lamentó que «el concejal andalucista viera las irregularidades del anterior equipo de Gobierno mientras estaba en la oposición, junto a mí, y ahora vaya a permitir que los socialistas vuelvan al poder». Recordó que «nosotros ya teníamos un acuerdo para reeditar el pacto PP-PA y el concejal andalucista -José Luis Rodríguez- decidió no firmarlo y optar por la moción».

Por su parte, el secretario provincial del Partido Andalucista, Ramón Sánchez, aseguró ayer que «hasta el lunes no tomaremos la decisión de la medida disciplinaria que vamos a aplicar al concejal andalucista». Desde el partido no se descarta que incluso se pudiera apoyar la moción, porque lo que ha molestado es que «el concejal se haya adelantado al partido y haya firmado y presentado la moción sin el visto bueno de la dirección provincial y nacional del partido». No obstante, entiende que «esta decisión no debería influir en el Gobierno de otras localidades, como San Fernando o incluso Ubrique».

Respecto al informe de la auditoría sobre el anterior equipo de Gobierno, el PP entiende que se podrían dar indicios de «irregularidades contables, en la justificación de gastos, ayudas y subvenciones públicas» y, además, «irregularidades en la compraventa de bienes de titularidad pública», según apuntó el diputado provincial del PP, José Antonio Liaño, en un acto en el que intervino junto a Mangana.

En concreto el PP entiende que la irregularidad se produjo con la venta de una finca municipal en el 2003, a la empresa Procicu S.L. La misma, de 1.423 metros cuadrados, fue vendida por 72.730 euros y según la auditoría «no se ha detectado a día de hoy dicho ingreso a pesar de que con la escritura se entregó una carta de pago». Después de la firma de la escritura, se firmó el contrato administrativo por el que se adjudicaba definitivamente el solar y que «obligaba a la entrega del precio convenido a la cuenta de la Corporación».

El diputado provincial aseguró que desde entonces esta cantidad apareció en los presupuestos del Ayuntamiento como «derechos reconocidos pendientes de cobro».