Cuestión de dignidad

L a decisión anunciada por el PSE-EE y por el PP de que el próximo Gobierno vasco anulará el decreto que desde 2006 regula la concesión de ayudas a los familiares de presos para sufragar sus desplazamientos a cárceles de fuera de Euskadi, haciendo decaer cuantas disposiciones lo hayan desarrollado, devuelve a las víctimas del terrorismo la dignidad mínima exigible a la actuación de las instituciones. El hecho de que el consejero de Justicia del País Vasco, Joseba Azkarraga, haya adelantado la convocatoria para tales subvenciones respecto a la fecha habitual de su publicación representa un abuso de las prerrogativas de un gobierno en funciones que contraviene las normas de respeto y consideración hacia el nuevo Ejecutivo en un tema tan controvertido. Sobre todo después de que el PSE-EE apoyara los presupuestos generales para 2009 pidiendo al Gobierno vasco que no financiara los viajes de los familiares de presos. Aunque, con arreglo a la legalidad, sea prácticamente imposible evitar la aplicación de la orden de Azkarraga, resultaba necesario que socialistas y populares reaccionaran ante la misma informando de que éste será el último ejercicio en el que se librarán las ayudas. En 2005 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló órdenes análogas debido a que las instituciones de Euskadi no pueden corregir con su acción la política del Estado en materia penitenciaria. El subterfugio empleado por el Ejecutivo Ibarretxe para sortear dicha sentencia fue catalogar las subvenciones a los familiares de presos como asistencia social, incurriendo en la desfachatez de gestionar las mismas a través del departamento de Justicia y no del de Asuntos Sociales. Las ayudas para financiar los desplazamientos de familiares de presos han obedecido a una manifiesta intención de cuestionar la negativa de los sucesivos gobiernos a concentrar a los 600 presos de ETA en cárceles vascas, dado que ello favorecería el encuadramiento activo de los mismos a las órdenes de la banda terrorista. Pero también han respondido a la acomplejada conmiseración con la que el nacionalismo gobernante ha tendido a reconocer en torno a los verdugos circunstancias que los convirtieran en víctimas.