Los expropiados del tranvía rompen las relaciones con la Junta

Los expropiados de Montañeses de La Isla no han aceptado el ultimátum dado por la Junta de Andalucía en cuanto a las tasaciones de sus propiedades. De esta manera, el proceso vuelve a su inicio y las cantidades quedan reducidas, de tal forma que no cubren las necesidades mínimas del traslado de estos residentes.

De la veintena de afectados tan sólo dos han decidido aceptar la oferta realizada por la Junta, mientras que el resto ha decidido negarse al considerar que los precios ofrecidos por la administración autonómica no son de ninguna manera «aceptables» tras el peritaje privado que realizaron de sus inmuebles y negocios.

Los expropiados aseguran que se han sentido amenazados para tomar una determinación en la que dependía el futuro de sus familias. Un futuro que no piensan hipotecar a costa de unas expropiaciones que consideran «innecesarias, ya que el ancho de la carretera permite el paso de varios tranvías sin problemas. Lo que pasa es que esta zona no queda bonita para la entrada de San Fernando y nos quieren quitar de aquí como sea», aseguraba Javier Bey tras la reunión que mantuvieron los afectados con el abogado para consensuar una respuesta que tenía como último plazo hoy.

Cambio de papeles

La negativa de los afectados a aceptar el trato verbal por el que la Junta había aumentado las indemnizaciones hasta los 100.000 euros trae consigo el inicio de una nueva disputa. Los expropiados aseguran ahora que tan sólo están dispuestos a negociar bajo sus condiciones y que de no ser así «esperaremos a que venga la Guardia Civil a echarnos de nuestras casas y negocios porque no vamos a dejar que se rían de nosotros», expuso Bey.

De esta forma, son los expropiados los que dan un ultimátum a la Administración regional que, según las primeras estimaciones, preveía la demolición de los edificios para el próximo mes de junio. Sin embargo, parece complicado que la entrada de las máquinas al lugar se vaya a producir a través de un acuerdo.