El Gobierno quiere evitar que el Parlamento imponga una gran reforma laboral

El Gobierno quiere evitar que el Parlamento imponga una reforma laboral profunda. Cree que la tramitación como proyecto de ley del decreto de «medidas de defensa del empleo, de protección a los parados y de mejora de la liquidez de las empresas» (aprobado por Consejo de Ministros el 6 de marzo) introduciría en las Cámaras debates inadecuados como el abaratamiento del despido o la creación de un contrato anticrisis. Además, esa actuación de «alcance desconocido» arruinaría el diálogo social.

En consecuencia, el PSOE busca apoyos para que mañana sus señorías rechacen ese procedimiento. Mientras tanto, el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, afirma que la convalidación del decreto está garantizada porque ningún grupo político, por muy crítico que sea con el contenido de la norma, se va a oponer a beneficios para empresarios y sindicatos.

Corbacho argumentó en el Congreso de los Diputados que el rechazo del Gobierno a que los cambios se conviertan en proyecto de ley obedece a que se trata de un paquete de medidas «urgentes y prioritarias con vigencia temporal a revisar el 31 de diciembre», por esto «elegimos como soporte un real decreto ley». «Esperar entre ocho y 10 meses para que las Cortes voten su contenido no parece lógico», añadió.

El diputado socialista Jesús Membrano fue más claro y directo. Explicó que el procedimiento de proyecto de ley, como reclama PP y CiU, implica abrir un debate «de alcance desconocido», que «creará conflicto con sindicatos y patronales».

Recordó que vía enmiendas se puede introducir demandas relacionadas con el mercado laboral (reclamadas insistentemente desde determinados ámbitos) como el abaratamiento del despido, materias que «son propias del debate del diálogo social».