AYUNTAMIENTO. El complemento de productividad cuesta caro a las arcas municipales. / LA VOZ
Jerez

Pluses cuestionados

El sindicato CTP denuncia que el complemento de productividad costó el año pasado más de 4 millones de euros a las arcas del Consistorio

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Otra de las cuestiones que denuncia CPT es la relativa al complemento de productividad, concepto por el que, según señala, el Ayuntamiento de Jerez habría pagado más de 4 millones de euros en 2008. Asegura que «es un descontrol» y que en la mayoría de los casos «el pago de este plus no se ajusta a los costes totales de personal de cada programa de gasto, ni se justifica mensualmente el motivo expreso por el que se paga».

Como en el caso de las horas extra, ofrece ejemplos que considera que ponen de manifiesto la «injusticia» del reparto. Así, asegura que hay una parte «reducida» de trabajadores, «altos cargos y no tan altos», que cobran «entre los 2.000 y los 3.800 euros mensuales fijos por este concepto». Según señalaba ayer a este medio, 39 personas recibieron entre 1.000 y 2.000 euros mensuales, 22 entre 2.000 y 3.000 y nueve más de 3.000.

El plus de productividad se abona, por ejemplo, por hacer alguna tarea añadida a la que corresponde por la categoría laboral en la que se figure o «por producir más», según explicaban ayer fuentes jurídicas. El problema que suele crear el mismo, tanto en empresas privadas como en administraciones públicas, es «el peligro que existe de incurrir en agravios comparativos».

Nuevas productividades

El sindicato denunció esta cuestión también el pasado mes de octubre, junto al asunto de las horas extra. Y señala que, lejos de solucionarse, el problema sigue creciendo, ya que «desde enero de este año se están pagando nuevas productividades en las áreas de Deportes, Promoción, Cultura y Urbanismo», según afirma que le ha informado la propia Delegación de Personal. Considera que «este tema tiene que ajustarse a la legalidad vigente y por ello desde 2004 venimos denunciando al Ayuntamiento por este descontrol».

La respuesta de la Inspección de Trabajo al respecto, sin embargo, no es clara, ya que señala, textualmente, que «hay que entender que, efectuado traslado sobre los trabajadores concretos, periodo y la cuantía asignada, quedaría cubierto el mentado débito, a salvo de que se concreten y acrediten otras circunstancias que obstruyan o dificulten dicho conocimiento por parte de la representación legal de los trabajadores».

Dicho de otra forma, da a entender que esos complementos de productividad se ajustan a la legalidad, siempre y cuando se detallen todas las circunstancias que lo rodean y no se oculte información. Pero la CPT insiste en que esto último no sucede, ya que «el Ayuntamiento no informa sobre por qué, a quién, cuánto y durante cuánto tiempo se paga ese plus», según apunta Juan Manuel García Hurtado, portavoz del colectivo sindical. «Y eso es justamente lo que reclamamos, porque no se está haciendo en ningún momento», concluye.

Denuncia del PP

Otro de los puntos en los que hace hincapié el sindicato CTP es en la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de directivos, «que hemos rechazado ya que no se ha negociado nada».

En este sentido, hay que tener en cuenta que el Partido Popular ha remitido una carta al delegado de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, para que «controle la estructura de mando del Ayuntamiento y no haga la vista gorda» ante las «irregularidades» que se están produciendo según los populares. Los populares han recordado a Periñán que «el artículo 65.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, obliga a la administración de la comunidad autónoma a ejercer el control de la legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales».

En concreto, continúan los populares, el catálogo de la estructura de mando del Ayuntamiento «pisotea» hasta seis leyes y dos reglamentos y, realiza una adscripción de trabajadores a puestos «despreciando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

El PP asegura que «Pilar Sánchez confunde libre designación con contratación a dedo» y pide a Periñán que anule el acuerdo de Pleno del 26 de enero, mediante el cual se procede «de tapadillo» a la provisión de 180 puestos «a dedo».

eesteban@lavozdigital.es