Chile y Perú avivan la guerra del mar

Las relaciones políticas entre Chile y Perú han vuelto a enconarse. Y el motivo ha sido de nuevo el centenario conflicto que enfrenta a ambos países por la demarcación de 95.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Pero esta vez el Gobierno que preside Alan García ha ido más allá y ha presentado la memoria de delimitación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.

El tribunal holandés ya se había declarado competente para fallar en el caso interpuesto por las autoridades peruanas el 16 de enero de 2008 y que cuenta con el respaldo del 99% de la población del país sudamericano «sobre la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile». Según el canciller peruano Antonio García Belaúnde, el veredicto no se conocerá «antes de finales de 2011 o principios de 2012, en el mejor de los casos, e incluso el proceso podría aun dilatarse hasta en dos años más».

Los chilenos, que anticiparon una defensa numantina, disponen hasta marzo de 2010 para presentar su contramemoria a favor de mantener la frontera marítima en una línea paralela en las aguas del océano Pacífico que parte del puerto de Arica. También las autoridades del país con el que pugna diseccionarán sus razones para exigir que la linde sea una línea equidistante -en ángulo oblicuo- de sus costas.

La tozudez para defender el caso es entendible porque están en juego más de 38.000 kilómetros cuadrados, gran parte de ellos en un área rica en recursos naturales, especialmente en bancos pesqueros. Si Perú gana, sus aguas territoriales pasarían a ser de 73.000 kilómetros cuadrados, que Chile vería reducidas en la misma proporción. En los primeros momentos hubo voces alarmistas que advirtieron sobre un conflicto armado entre ambos países sudamericanos, pero el tiempo parece demostrar que respetarán la solución diplomática para la crisis planteada por la cartografía de la «zona de controversia limítrofe».

Mecanismos de presión

El experto en temas internacionales, Alejandro Deustua, enfatiza que ningún país puede desacatar la sentencia de la CIJ porque están sometidos «por mandato de la ONU a las consecuencias de la sentencia». Opina que existen «mecanismos de presión colectiva para que las partes cumplan con la sentencia, en el caso de que una de ellas la obviara total o parcialmente».

Por su parte, Belaúnde considera improbable que Chile, «que es un país que tiene una multitud de acuerdos de todo tipo, desde límites arbitrales con Argentina hasta comerciales con todo el mundo, vaya a desafiar un fallo de este tipo». El caso del canal del Beagle entre Argentina y Chile, entre otros, se resolvió con un fallo judicial.

El presidente peruano instó el jueves a sus conciudadanos a mantener «la serenidad pero también la firmeza». García ha reiterado en numerosas ocasiones que la demanda obedecía a «una política de Estado» de más de veinte años. Explicó que desde su mandato anterior, en 1986, «Perú planteó a Chile por primera vez en la historia la necesidad de convenir en fijar nuestros límites marítimos. La naturaleza jurídica de la diferencia actual reside precisamente en la falta de un tratado de delimitación marítima entre ambos países, y el recurso a la Corte de La Haya es la vía para resolver esa controversia bilateral de la manera más civilizada y sensata, con arreglo a derecho y bajo la incuestionable autoridad de la corte internacional».

Chile no está de acuerdo. Sostiene que las pretensiones peruanas contravendrían la Declaración de Zona Marítima (1952) y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima (1954) firmadas en Santiago y Lima, respectivamente, y las señalizaciones de terreno realizadas en los años 1968 y 1969.

Para Perú esos convenios se rubricaron para regular la pesca y no los límites marítimos. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, afirma que «mi mensaje fundamental es de tranquilidad. Estamos preparados, sabemos que tenemos la razón y estamos trabajando fuertemente». Meses atrás anticipó que su gobierno defendería «con mucha fuerza su postura» porque tenía «todos los elementos para mostrar con claridad la postura chilena».

No faltan agoreros, como el ex jefe del Ejército peruano, Rafael Hoyos, y el opositor Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, que amenazaron con llegar a las armas si el fallo fuera adverso. Allan Wagner, el ex ministro de Defensa que en diciembre del 2007 fue designado para encabezar la defensa peruana en Holanda, habló de serenar los ánimos. «No se debe caer en provocaciones de ningún tipo de los sectores chilenos que reaccionaron de una forma desproporcionada». Asimismo, aclaró que su país respeta «el 'status quo' (soberanía chilena) que rige hasta el momento».