publicidad innecesaria

Cualquier lector que cuente con unas mínimas dotes de observación puede distinguir la publicidad institucional, necesaria e imprescindible, en muchas ocasiones por exigencias legales, de aquella otra que por lo general esconde intenciones muy distintas de las que se aparentan. Aplicándole el término institucional se enmascara lo que en el fondo no es más que una propaganda de tinte partidista. Siendo tolerante y por supuesto poco ortodoxo, ese tipo de publicidad -financiada con el dinero del contribuyente, no se olvide- se podría calificar, además de interesada, como subliminal, ególatra, engañosa y unas cuantas cosas más. Lo obvio, lo evidente y lo que se ve todos los días no necesita difundirse y, por supuesto, no justifica los derroches publicitarios. La publicidad institucional tiene sentido si se suministra al ciudadano una información veraz sobre lo que puede interesarle y sin embargo desconoce. Aún admitiendo que es así, se siguen cometiendo abusos por parte de algunos gestores públicos ya sean locales, provinciales o autonómicos a la hora de presupuestar, con gran generosidad, las partidas publicitarias. Cualquiera sabe qué es lo que se pretende conseguir con esa práctica tan derrochadora. En la Administración General del Estado los dispendios son menos frecuentes, tal vez porque dispone de una legislación adecuada que trata de evitarlos.