Las familias de las víctimas del Yak-42, enfadadas con el tribunal

Los magistrados, tras la vista oral, cuyo final está previsto para el 3 de abril, tendrán que determinar si un general de Sanidad, un comandante médico y un capitán médico falsificaron los certificados de defunción y las necropsias para encubrir el irregular proceso de identificación de los cadáveres en que participaron.

Las familias creen que se trataba de realizar una identificación de cualquier manera y una repatriación acelerada de los cuerpos para evitar el aumento del desgaste político de un Gobierno que aún vivía bajo un fuerte rechazo social por su impopular implicación en la invasión de Irak.

Aquel proceso, en el que según el fiscal, los mandos militares no utilizaron ni un solo método científico de identificación, concluyó con la asignación errónea de nombre y apellidos a 30 de los 62 cuerpos. Las irregularidades obligaron un año y medio después, tras practicar las pruebas de ADN, a realizar 21 exhumaciones y nuevos enterramientos e impidieron tomar cualquier decisión al respecto a nueve familias cuyos seres queridos ya habían sido incinerados por deseo de otras personas.

El fiscal reclama entre cuatro y seis años para los tres procesados y las familias seis años para cada uno. El proceso también se dirige contra tres aseguradoras, como posibles responsables civiles directas de las infracciones, y contra el Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario.