Justicia encauza las relaciones con los jueces y aleja el horizonte de la huelga

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, logró un éxito en su primera reunión de trabajo con las asociaciones judiciales. Dos horas de conversación le bastaron para «poner el contador a cero» y convencer a los representantes de la magistratura de que se ha abierto una nueva etapa de «diálogo sincero y voluntad de acuerdo» para mejorar y modernizar «entre todos» el funcionamiento de los tribunales. El resultado fue el encauzamiento y normalización de las relaciones entre Gobierno y jueces, que saltaron por los aires con su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo. Se aleja la posibilidad de que la carrera protagonice una nueva huelga el próximo 26 de junio.

La rueda de prensa ofrecida ayer tras la reunión no pudo ser más diferente a la protagonizada en enero por casi las mismas personas, y tras la que dos de las organizaciones se sumaron «indignadas» al paro del 18 de febrero. Los portavoces y presidentes señalaron al salir del encuentro con Caamaño que son «optimistas», con más o menos matices, y el representante de Jueces para la Democracia (JpD) llegó incluso a decir que «la valoración es netamente positiva».

Las claves del giro en las hasta ahora conflictivas relaciones son dos. En primer lugar, el «buen talante, atmósfera cordial y términos de gran respeto» con que discurrió el encuentro, según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y la «capacidad de diálogo» del ministro, según la Asociación Francisco de Vitoria (AFV). La segunda, que Caamaño no se limitó, según coincidencia general, a las buenas palabras y puso sobre la mesa «una propuesta concreta de solución» que establece ya algunos plazos y grupos de negociación y que aproxima la postura del ministerio a la tabla reivindicativa de los jueces.

Los magistrados prefirieron optar, al menos en público, por la alegría contenida y advirtieron de que, no obstante, nadie puede echar todavía las campanas al vuelo y dar por desconvocada la huelga para junio. Pese al tono de prudencia, el Foro Judicial Independiente (FJI) aventuró que «podemos llegar a soluciones en un plazo razonable» y que «confiamos en que el diálogo haga innecesaria la huelga».

Expresiones similares a las de los portavoces de JpD y AFV: «Creo que seremos capaces de ponernos de acuerdo y que no será necesaria la huelga». La APM, con un diagnóstico coincidente, indicó que «si lo que el ministro nos ha anunciado hoy -por ayer- y la voluntad que ha puesto de manifiesto se traduce en soluciones concretas, todo irá bien para todo el mundo». El único lamento que se escuchó en la sala de prensa fue que haya hecho falta «perder dos meses y hacer una huelga para llegar aquí».

Compromisos y piropos

El ministro de Justicia quiso dar solemnidad al encuentro y acudió a la sala de prensa, su primera comparecencia pública desde la llegada al cargo, para explicar el contenido de la reunión. El marco de la negociación que debería terminar con un compromiso para la modernización de la Justicia es, según describió, una ruptura con el pasado -«contador a cero»-, un compromiso de acuerdo entre todos -«mi preocupación es lo que podemos hacer juntos»- y un trabajo que implique a Ministerio, carrera, Poder Judicial, comunidades autónomas con competencias transferidas y Parlamento.

Como prueba de su determinación en la nueva estrategia, no ahorró piropos para los representantes de los jueces -«he sentido voluntad de trabajo, interés y mucha responsabilidad»- y llegó a la reunión con una propuesta de siete puntos en la que la primera mesa de trabajo, para la conciliación de la vida laboral y familiar, se constituirá ya el próximo martes.

Caamaño adelantó el compromiso de aumentar la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales para este año de 150 a 220 y de 83 a 150, respectivamente. Para facilitar que no queden desiertas, recuperará una antigua norma por la que a los candidatos que aprueben con buena nota los dos primeros exámenes se les guardará esa calificación para la siguiente convocatoria si suspenden la última prueba.

Oficina judicial

Justicia buscará un consenso con los partidos para introducir una enmienda en el proyecto de ley para la nueva oficina judicial que tramita el Congreso en el que se mantenga el control por los magistrados sobre el señalamiento de vistas o juicios, sin perjuicio de establecer un mecanismo de coordinación para que sean los secretarios quienes realicen la gestión administrativa de la agenda. Con ello darán satisfacción a una de las principales demandas de los jueces.

El resto de propuestas de negociación prevé un plan para que todos los órganos estén cubiertos por jueces titulares, pero que incluya fórmulas para permitir las sustituciones; el diseño de una nueva ley de planta judicial que cubra todas las necesidades de juzgados que tiene España y atienda a los aumentos de población, las especialidades y la cohesión territorial; y el diseño de un nuevo sistema retributivo más justo y adaptado a las cargas de trabajo de los miembros de la carrera. La propuesta incluye el diseño y puesta en marcha de «un plan urgente de informatización integral» de los tribunales españoles, que asegure la conexión en red y el flujo inmediato de información entre todos los territorios y escalones del sistema; y un procedimiento para terminar con los perniciosos traslados forzosos que implica ahora el ascenso de juez a magistrado. Caamaño expondrá este proyecto, la próxima semana, en su primera comparecencia en el Congreso.