Zapatero promete a los autónomos que en un mes tendrán nuevas ayudas

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos y de pequeñas y medianas empresas constituirán una mesa de trabajo para abordar la situación de estos colectivos ante la recesión económica. Después, en quince días, el Ejecutivo analizará los efectos de las medidas financieras aprobadas para dar liquidez a los empresarios modestos y a los emprendedores y, si los resultados no son demasiado halagüeños, se adoptarán nuevas iniciativas. Y, en el plazo de un mes, la mesa sacará conclusiones sobre cuáles se pueden convertir en medidas a trasladar al Consejo de Ministros. Este es el calendario de actuaciones planteado a última hora de ayer por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero a los autónomos y representantes de las pymes en una reunión de dos horas celebrada en La Moncloa.

Pese a los deseos del presidente del Gobierno, el encuentro no sirvió para suspender la concentración que parte de los autónomos y de los pequeños empresarios han organizado para el próximo 26 de marzo frente al Congreso, con el objetivo de trasladar a los diputados «la dramática situación» que atraviesan ambos grupos y proponer una serie de reformas que les permitan «sobrevivir».

A la Moncloa acudieron Lorenzo Amor, de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), y Sebastián Reyna, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA); los presidentes de las organizaciones de pequeñas y medianas empresas de Cataluña (PIMEC) y Baleares (PIMEB), Josep González y Mariano Riera, respectivamente; y el secretario de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña, Salvador Duarte. Todos mantienen cordiales relaciones, pero a la hora de apostar o rechazar la concentración surgieron diferencias.

Mantienen la protesta ATA, PIMEC y PIMEB porque se trata de un acto «pacífico y constructivo», con el «que pretendemos que el poder legislativo comprenda que tiene que articular medidas», según explicó Lorenzo Amor. «Es necesario presentar propuestas y decir que muchos autónomos y pymes estamos hartos y cansados», añadió tras reconocer que el presidente Rodríguez Zapatero había estado receptivo a sus quejas.

Por el contrario, consideran que no es momento de salir a la calle UPTA (organización vinculada a UGT) y CETAC. Sebastián Reyna resaltó que «respetamos cualquier decisión, pero no participaremos en concentraciones que no sean la mesa de diálogo y negociación». En su opinión, la respuesta del Gobierno a las angustias y dramas que padecen los autónomos «ha sido positiva».

Reyna destacó que Rodríguez Zapatero ha visto con buenos ojos establecer un plan específico para el comercio minorista, una de las grandes víctimas del declive económico.

A la reunión también asistió el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que coordinará la mesa de análisis. El ministro insistió en que la entrevista se desarrolló en un clima de cordialidad y aseguró su respeto «total y absoluto» por la concentración del día 26. «Hay que valorar que las propias organizaciones convocantes han reiterado que el acto no tiene otro objetivo que dar a conocer las medidas que reclaman los autónomos y los pequeños empresarios a los diputados».

Sistema de módulos

Para Corbacho es importante que todos hayan aceptado «seguir trabajando con el Gobierno, tal y como lo han hecho en los tres últimos años», durante los cuales, según el ministro, los derechos de los trabajadores por cuenta propia se han desarrollado más que nunca.

Respecto a cuáles serán las nuevas ayudas, Corbacho mencionó medidas fiscales que pueden suponer el estudio del sistema de módulos, considerado por los autónomos injusto dada la caída de la facturación y la devolución del IVA. En cambio, pareció descartar la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, otra de las demandas de los emprendedores.

«El Gobierno está abierto a tomar medidas siempre que no pongan en riesgo el Estado de bienestar, y un punto de reducción de las aportaciones empresariales supone más de 3.000 millones de euros que dejan de entrar a las arcas de la Seguridad Social, con las que se pagan las pensiones», concluyó.