Los imputados en la estafa alegan que todo era una estrategia comercial

Una simple estrategia comercial para enganchar clientes. Ésa es la explicación que los dos implicados en la estafa inmobiliaria, bautizada policialmente como operación Burbuja, dieron tras su arresto. Ése es tan sólo uno de detalles que aparecen en el sumario que en estos momentos se instruye en el juzgado número 2 de Cádiz y al que ha tenido acceso este medio.

Ayer se conocía que Luis Manuel García había comunicado la intención de devolver el dinero que le reclaman los afectados por la estafa. Este gesto, que si se lleva a efecto supone una atenuante, podría haberse entendido como un reconocimiento de los hechos. Sin embargo, en las declaraciones que han hecho tanto Luis Manuel como la segunda imputada, Ana Suárez, no hay ni rastro de confesión. Ambos aseguraron que no entraba en sus planes apoderarse del dinero que le habían entregado sus clientes, en concepto de señal, para la venta de unos inmuebles que revendieron en más de una ocasión. Su versión es que se trataba en algunos casos de una estrategia comercial para captar compradores.

La prueba más contundente que existe contra ellos y que llevó a la Policía Nacional a abrir una investigación a principios de marzo, fue la venta de un adosado en Los Gallos, Chiclana, que se seguía ofreciendo pese a existir ya una compradora que había entregado 7.000 euros como depósito. Esta práctica que, según la denuncia interpuesta por una veintena de afectados, la habían repetido en otras ocasiones, fue negada por los implicados. Ellos sostienen que sacaban a la venta los inmuebles cuando el primer comprador se echaba para atrás, y que lo hacían al transcurrir un tiempo. Pero el grupo III de la Udyco tiene en sus manos los datos aportados por las víctimas que han localizado hasta ahora, los cuales coinciden en algunos puntos claves: después de entregarles las cantidades acordadas como depósitos e incluso el pago de dos años de alquiler por adelantado, en uno de los casos recientemente destapados, los imputados no daban señales de vida y si trataban de contactar con ellos, les amenazaban con denunciarles por coacción.

El sumario también recoge cómo tanto Luis Manuel como Ana han seguido una estrategia similar delante del juez: responsabilizar al otro de cada operación inmobiliaria que cerraban, para reservarse el papel secundario e inconsciente de una trama que aún la Policía desconoce su envergadura real.

Luis Manuel declaró que el dinero lo recogía Ana y a su vez, ella testificó que los contratos eran gestionados y redactados por el que hasta ahora siempre se ha considerado su pareja sentimental.

Luis Manuel negó cualquier vínculo laboral con la imputada, ya que dijo no haberle pagado comisión alguna por venta cerrada, y que sólo tenía pensado hacerle algún regalo.

Al igual que ya anunciara el letrado de Luis Manuel a la Fiscalía hace unos días, cuando informó de que su cliente estaba dispuesto a resarcir el daño económico a sus víctimas, Ana declaró en el mismo sentido tras su arresto. Afirmó que estaba dispuesta a entregar las cantidades que había recibido de sus clientes, pero que la caída en la actividad de sus clínicas dentales en Cádiz y San Fernando, le había menguado sus ingresos y por eso se había retrasado en la devolución.

Hay que recordar que además de la estafa inmobiliaria, Ana Suárez podría verse envuelta en otra denuncia por intrusismo, ya que ejerció como protésica dental, según varios pacientes que vieron cómo cerraban las instalaciones sin previo aviso. Sin embargo, desde el colegio profesional andaluz se emitió un comunicado informando que no consta su colegiación.

En su defensa también esgrimió el padecimiento de una enfermedad que le habría impedido hacer frente a sus deudas, pero cuando fue preguntada por el tipo de dolencia, no quiso contestar.

La investigación policial se debate entre dos líneas: por un lado, las operaciones fraudulentas con cinco inmuebles (cuatro en Cádiz y un unifamiliar en Chiclana) gracias a lo cual pudieron embolsarse más de 180.000 euros al vender la misma vivienda hasta a seis compradores diferentes; y los productos financieros contratados con bancos -al menos se han localizado tres hipotecas- de las que obtuvieron 1,3 millones de euros. El grupo III de la Udyco está estudiando la documentación hallada en el domicilio de Luis Manuel por si hubieran incurrido en delitos como la falsedad documental para garantizarse la aprobación del banco.