Las cajas proponen rescatar con dinero público a las familias al borde del desahucio

El presidente de la Confederación de las Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, cree que España ha llegado a un momento de auténtica «emergencia nacional» y reclamó el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales para que «una instancia con poder» y acceso a los datos del Banco de España, pueda emprender la reforma estructural de la economía y abordar el futuro del sector financiero. Ante la Comisión correspondiente del Congreso sugirió el rescate de las familias hipotecadas que pueden perder su vivienda, y planteó que el Estado y las entidades contribuyan para aliviar la carga financiera que pesa sobre ellas. Para que el crédito fluya a los hogares y las empresas, propuso potenciar fórmulas de riesgo compartido como las líneas de financiación del ICO y urgió reforzar el capital de entidades solventes que, al dispararse la morosidad, corren grave riesgo de dejar de serlo.

No entró el presidente de la CECA en la polémica de las fusiones en curso. Algunos portavoces parlamentarios le pidieron que ejerciera la autocrítica, y otros que se pronunciara sobre la integración de Unicaja y Caja Castilla- La Mancha, una cuestión que obvió. Sólo en comentarios informales reconoció que su anterior pronóstico -un máximo de dos fusiones de cajas tendrán lugar este año- podría quedarse corto. Seguramente habrá más, pero su culminación llevará tiempo, admitió.

Quintás fue citado en el Parlamento, al igual que otros dirigentes del sector del crédito, para exponer su opinión sobre los planes de apoyo al sector financiero y justificar, en su caso, las razones por las que se ha cerrado el grifo de los préstamos. El presidente de CECA fue expeditivo: el Gobierno actuó «de forma inteligente y afortunada» -enjuició-, para impedir el colapso de los mercados mayoristas del dinero. Cumplió su obligación y no hizo ningún regalo al sector, apostilló, porque «a esta altura de la película, el Tesoro lleva ganados 673 millones de euros con las subastas de activos y los avales de emisiones», las dos medidas puestas en marcha.

Pero el presidente de la CECA pintó después un panorama muy sombrío de la economía española y se apuntó a las tesis de quienes auguran para España un proceso de ajuste largo y doloroso, que se prolongará «varios años». Cajas y bancos van a sufrir las consecuencias, vaticinó, del estallido de la burbuja inmobiliaria, en unos casos, y de la mayor exposición al riesgo de Latinoamérica, continente que no se salvará de la crisis. Quintás repartió los impactos: por el desplome de la construcción están más afectados los bancos, el riesgo promotor afecta por igual a bancos y cajas, mientras estas últimas sufren más el riesgo hipotecario por su condición de líderes en los préstamos para la compra de viviendas, y por haberlos concedido en mayor medida a los inmigrantes, el sector más desfavorecido de la población.

El dirigente de las cajas de ahorro concretó algunas de las propuestas. Insistió en la recomendación de un rescate hipotecario similar al planteado por el presidente de Estados Unidos Barack Obama. «La moratoria acordada por el Gobierno no basta: hay que adoptar medidas que rebajen la carga de la deuda de las familias que no pueden asumirla», defendió, sin cuantificar las aportaciones que debieran realizar, respectivamente, el sector financiero y el Estado. Abogó por el 'rescate' de entidades de solvencia baja, y en ningún caso de proyectos inviables. Estas instituciones se encuentran en riesgo de entrar en zona de intervención en la medida en que está aumentando su morosidad, reconoció. Para ellas, sugirió que, de forma voluntaria y siempre que acepten someterse a condicionamientos férreos, se les pueda ayudar de forma temporal con recursos públicos. Y sugirió una fórmula nórdica no explorada hasta hoy: que el Estado avale la emisión de acciones preferentes, con las que bancos y cajas reforzarían su capital, sin incurrir en la participación pública.