Reforma equitativa
La subcomisión parlamentaria que estudia la reforma la legislación electoral está llamada a resolver las disfunciones que vienen aflorando en torno al voto de los residentes ausentes. Un voto que encierra una contradicción, dado que se permite participar en los procesos electorales a quienes residen habitualmente fuera de nuestro país y, en determinados casos, ni siquiera lo conocen, mientras se mantienen las restricciones para los ciudadanos inmigrantes. Por el momento, el debate se ha circunscrito a los comicios municipales, en los que los electores que viven en otro país representan el 3,4% del censo. El dictamen del Consejo de Estado que cuestiona que la Constitución ampare el derecho que vienen ejerciendo los residentes ausentes, al tiempo que cree artificioso que se les puedan aplicar los criterios propios de la vecindad en que se basan las elecciones locales, introduce una opinión lo suficientemente fundada como para estimular la discusión partidaria y promover unas bases para el consenso sobre un cambio legislativo que supondría revertir una dilatada práctica democrática.
Actualizado:Los argumentos favorables a suprimir el sufragio de los ausentes resultan razonables tanto por la distorsión que provoca un voto tan desligado de la cercanía con el elector que deben procurar las corporaciones municipales, como por la falta de vinculación cotidiana de ese mismo elector con los representantes institucionales a los que elige. No obstante, la eventual eliminación de lo que constituye un derecho consolidado no está libre de objeciones. Entre ellas, la que plantea el reciente desarrollo de la Ley de Memoria Histórica que permite obtener la nacionalidad española a los nietos de exiliados, lo cual condiciona la reforma en estudio; y también el hecho de que no se cuestione el voto de los residentes ausentes en las autonómicas, aun cuando el Consejo de Estado estime que su carácter no es comparable al de las municipales. En cualquier caso, las modificaciones legislativas en este sentido deberían ir acompañadas de una revisión más global, que afronte sin dilación la falta de equidad que implica que los inmigrantes con arraigo tengan limitados los derechos políticos. Y también aquellas medidas, como la elección directa de los alcaldes, que puedan favorecer la identificación del votante con el valor de su papeleta y el dinamismo de la propia democracia.