Una carta económica que no existe
En España, el 28 de diciembre, es habitual comunicar noticias que no son veraces con la intención de que la gente se las crea. El último Día de los Santos Inocentes el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley solicitando una Carta Económica Especial para el Ayuntamiento de Jerez, reclamando un Fondo para poder prestar los servicios adecuadamente. De hecho, publicaron la petición antes de su debate parlamentario. Pero se les olvidó decir que este anuncio era una inocentada.
Actualizado: GuardarEsta semana la iniciativa ha sido debatida y rechazada en el Congreso. La inocentada se ha evidenciado cuando ha quedado latente que no existe la figura jurídica de Carta Económica.
A lo mejor el PP ha escuchado algo sobre la Ley de Capitalidad de Madrid o sobre la Carta de Barcelona, pero podría haber estudiado que el régimen municipal especial de estas ciudades fue aprobado por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Además, en ningún momento se contempla un fondo económico para esas ciudades, sino que Madrid se decanta por su organización interna y la regulación de su régimen jurídico y procedimental, mientras que en Barcelona se establece una regulación diferenciada sobre su organización municipal. Cualquier tema de financiación de ambas ciudades queda regulado en la Ley antes mencionada.
El sistema de financiación local fue objeto de un amplio acuerdo en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004 de 5 de mazo, durante el gobierno del PP. En él se establece que cualquier cambio de las dotaciones económicas destinadas a las Administraciones Locales requerirá una reforma del sistema vigente y su plasmación legal correspondiente. Por tanto, de acuerdo con los criterios previstos en el citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en las sucesivas Leyes de Presupuestos para cada año, están absolutamente determinadas las cantidades a pagar en el sistema de financiación.
Así que no cabe ningún margen de maniobra para otorgar financiación fuera de dicho sistema, ni al Ayuntamiento de Jerez, ni a ningún Ayuntamiento. Por esto, podemos afirmar que el PP ha presentado una iniciativa sin fundamento legal y en un Estado de derecho sólo cuentan las certezas jurídicas.
Reconozco que me ha sorprendido el interés del Grupo Parlamentario Popular por incrementar los recursos financieros del Ayuntamiento de Jerez. Estaría muy bien que Jerez obtuviera más fondos. Pero hay 8.111 ayuntamientos más que también merecen mejorar su financiación. Y este tema, como tantos otros, hay que gestionarlo respetando los procedimientos y con el consenso y el apoyo de todos.
Quiero recordar que fue un gobierno del PP quien en el año 2002 redujo drásticamente los ingresos de todos los ayuntamientos, mediante la supresión unilateral del IAE, lo que empeoró significativamente la situación financiera de los municipios. Ha sido el Gobierno socialista quien ha tenido que compensar a los Ayuntamientos, por las pérdidas sufridas, con 703 millones de euros. Además, a través de los Presupuestos del Estado de este año dispondrán de más de 17.000 millones de euros, 1.020 millones más que en 2008, por las liquidaciones y entregas a cuentas.
Pero es que hace muy poco tiempo que los diputados del PP no han tenido la valentía, ni el coraje, de apoyar los 8.000 millones de euros que el Gobierno de Zapatero ha inyectado a los consistorios municipales para hacer obra pública, para dinamizar la economía y para crear empleo. También han dicho NO al Plan MENTA y PROTEJA de la Junta de Andalucía. No es posible hacer política desde la hipocresía y la demagogia, diciendo siempre NO para después pedir un SÍ por un camino equivocado, a sabiendas.
Los socialistas queremos garantizar que la administración local tenga los fondos precisos para desempeñar su labor, por eso el Gobierno de Zapatero trabaja en un Proyecto de Ley de Reformas de Haciendas Locales y en otro para actualizar las competencias de los municipios. Con ello se persigue satisfacer las dos grandes demandas de los ayuntamientos. Por un lado, la de alcanzar la suficiencia financiera y, por otro, el reconocimiento legal de las competencias que ya ejercen.
Cuando ambos Proyectos se debatan en el Congreso, el PP tendrá una oportunidad de demostrar su apoyo a los municipios, sin recurrir a iniciativas que resultan ser fruto de un día de inocentada.