Los socialistas planean privar del voto a los emigrantes en las municipales

¿Es lógico que personas que nunca han puesto un pie en España decidan quién gobierna en un pueblo de Galicia, Madrid, el País Vasco o Canarias? La pregunta está en boca de muchos dirigentes políticos a un lado y otro del espectro parlamentario, pero hasta ahora nadie se ha atrevido a presentar en el Congreso una propuesta formal para acabar con el sinsentido. La dirección del PSOE está dispuesta a lanzar la primera piedra. Considera que ha llegado el momento de plantear la cuestión en la subcomisión para la reforma de la ley electoral que debe discutir sobre cómo se articulará su promesa de permitir a los inmigrantes votar en los comicios locales.

Los socialistas, que enarbolan la «extensión de derechos» como seña de identidad de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, deben vencer ciertas resistencias internas para abanderar ahora una medida que derogará una práctica muy consolidada. Pero entre los principales defensores de este recorte se encuentra el vicesecretario general del partido, José Blanco, que como gallego de pro es especialmente sensible a la incidencia que el voto de los mal llamados residentes ausentes tiene en los comicios locales. En Galicia suponen, ni más ni menos, el 12,7% del censo electoral. En el conjunto de España representan el 3,4% (1,2 millones) y en muy poco tiempo esa cifra podría duplicarse.

Nietos

La ley de nietos aprobada el pasado diciembre ha abierto las puertas a la obtención de la nacionalidad española a más de un millón de descendientes de emigrantes y exiliados que en su mayoría son ciudadanos de Cuba, Argentina, México y Rusia. Una vez sean reconocidos como españoles tendrán que elegir, a meros efectos electorales, una provincia y un municipio de inscripción (en principio, aquellos en los que residieron por última vez sus ascendientes o, simplemente, los que consideren de mayor arraigo). El 60% de la colonia española en el extranjero proviene hoy de siete provincias: Madrid, Barcelona, La Coruña, Orense, Pontevedra, Tenerife y Asturias.

El PP comparte los planteamientos del PSOE. Y también el PNV. Su portavoz en la subcomisión, Aitor Esteban, ha sido especialmente beligerante al respecto. Pero, además, estos planteamientos cuentan con el importante aval del Consejo de Estado, que acaba de remitir al Gobierno un informe de casi 400 páginas sobre reformas de la legislación electoral. El órgano asesor deja claro que la Constitución no sólo no dice que los residentes en el extranjero tengan derecho a participar en los comicios locales, sino que especifica que es a los «vecinos del municipio» a quienes corresponde elegir concejales. Aunque la legislación española atribuye la vecindad a este colectivo, a su juicio, lo hace de manera artificiosa.

Es cierto que, conforme a la Carta Magna, todos los españoles tienen derecho a participar en los asuntos públicos, pero el Consejo entiende que las locales «se sitúan en un nivel distinto del resto de los comicios, a los que puede atribuirse un carácter político» y que, al ser los municipios entidades «genuinamente corporativas», lo razonable es que sean sus habitantes quienes lo organicen.

Es la misma lógica que rige el deseo de que los inmigrantes voten ya en 2011. En su informe, el órgano consultivo subraya que la propia legislación española vincula el concepto de vecindad al de residencia y sugiere exigir una estancia mínima de cinco años, o dos para los ciudadanos de países iberoamericanos o con una especial vinculación con España, para poder ejercer derecho al sufragio activo. Nunca el pasivo.