«Una ley de 'punto final' urbanística para legalizar todo sería una aberración»

Llega a la cita con prisas. El Consejo de Gobierno ha terminado hace apenas una hora. Muchos temas en la cartera. Al día siguiente, además, vivirá su verdadero bautismo de fuego en el Parlamento. A Juan Espadas Cejas, responsable de la nueva Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, le espera una batería de preguntas sobre la corrupción urbanística desde la bancada popular. A Espadas le gusta el 'cuerpo a cuerpo' parlamentario, siempre que verse sobre cómo solucionar los problemas a la ciudadanía. Nació en Sevilla, es licenciado en Derecho, máster en Gestión y Política Medioambiental por la Universidad Carlos III y un experto en medio ambiente, área de la que fue viceconsejero en la pasada legislatura.

-La Ley de Acceso a la Vivienda será una de las normas más importantes de esta legislatura. ¿Todos los andaluces tendrán acceso a una vivienda?

-El ciudadano debe saber que esta Ley recoge, por primera vez, las obligaciones de comunidad autónoma y ayuntamientos de aprobar planes de vivienda protegida, que antes sólo era una iniciativa política sin más, pero que ahora ya estará obligado por Ley, en los que se recoja una oferta concreta de viviendas, es decir, con números, plazos y presupuestos para ejecutar esos planes. A la administración autonómica se le exige un respaldo económico y jurídico a esa oferta de planes y, a los ayuntamientos, la obligación de decir en qué suelos van a ir esas viviendas y, por lo tanto, adecuar esa oferta a su planeamiento y programar las actuaciones en relación a la demanda de VPO que exista en su municipio.

-¿Por qué los promotores han dado una oferta tan tibia a la propuesta de la Junta de convertir el excedente de vivienda de renta libre en vivienda protegida?

-Existe una fuerte reticencia en bajar el precio de la vivienda más allá de lo que ha bajado ya. Nunca dijimos que toda la vivienda libre podría convertirse en protegida, dijimos que aquella que se acercara más al precio de VPO, su mejor salida era o una rebaja de precio o, en este caso, su reconversión en VPO, lo que permitiría acojerse a todos los incentivos previstos. Se han acogido ya unas 2.500 viviendas y nosotros creemos que todavía hay margen para que otras muchas se transformen, de manera natural como hasta ahora, de libre a protegidas.

-¿Es usted partidario de gravar las viviendas vacías?

-Yo creo que jurídicamente se han explorado diversas fórmulas y en ningún lado se han puesto en práctica. Algo que desde el punto de vista de la sostenibilidad es coherente, es decir, cuando hay un parque de viviendas o vacías o que no se vende, significan que por un lado, el sector construyó e hizo una oferta a unos precios que no eran los que se demandaban, porque viviendas está claro que se necesitan. De ahí a que determinadas viviendas se graven, pues no, porque no hay un respaldo jurídico. Ni siquiera hay consenso sobre qué se entiende por una vivienda desocupada o cuánto tiempo tiene que estar desocupada para que alcance tal consideración.

Alcaucín

-Casos como el de Alcaucín han puesto de manifiesto que el urbanismo, en ayuntamientos tan pequeños, escapa a muchos controles

-El caso de Alcaucín, como desgraciadamente ha ocurrido con otros, y aunque sea presuntamente, se resume en que responsables municipales que debían cuidar de los intereses generales han adoptado decisiones en beneficio propio. Y estas decisiones, ligadas a un sector donde se ha movido mucho dinero en los últimos años como es el urbanismo, pues se presenta como un cóctel explosivo. En los últimos quince años hemos visto como en municipios de Andalucía, y de fuera de Andalucía, sus responsables se enfrentaban a una diatriba: cómo hacer para mejorar las condiciones económicas de sus vecinos; cómo hacer para que esos vecinos no emigraran y se fueran a la costa o a las capitales de provincia y lograrlo, además, sin dedicarse al monocultivo de la construcción.

-¿Cómo se soluciona ahora la existencia de tantas viviendas ilegales?

-El PP nos plantea en el Parlamento una proposición para legalizar las urbanizaciones ilegales. Y nosotros le decimos al PP que no es posible una Ley de punto final o un artículo en una norma que diga que todo lo que se ha construido ilegalmente se va a legalizar. Esto nos parece una aberración. Cuál sería el mensaje que le estamos mandando a la ciudadanía: qué saltarse la ley, en este caso urbanística, no trae consecuencias. Al PP le recomendaría que leyera las sentencias de los tribunales de justicia, porque han ido marcando un criterio de cómo solucionar aquellos casos que puedan ser solucionables desde el punto de vista del planeamiento. Cuando nos encontramos edificaciones o parcelas ilegales, lo primero que hay que hacer es analizar el municipio en cuestión. Con ello sabremos cuántas de esas viviendas las puede asumir el municipio en cuestión a través de la revisión, coherente, de su planeamiento. Hay otros casos en los que se hace necesaria la demolición, bien por orden judicial o por decisión del propio ayuntamiento. Y eso no es un futurible.

-¿El consejero de Vivienda reside en un piso, un adosado o en un chalet?

-En un piso, siempre he vivido en bloques de pisos. La casa de mis padres estaba en un bloque de 14 plantas, de esos que hacían antes. Cuando me casé me fui a un apartamento pequeño en Dos Hermanas, pero mi mujer siempre quiso volver al barrio y aquí estamos, en Santa Justa, pero en un piso.