La plantilla de lo Penal ve aumentada en un cien por cien su carga de trabajo

El funcionariado de los Juzgados de lo Penal de Jerez (que asciende a 24 personas) se concentró ayer a las puertas del edificio de la avenida Álvaro Domecq en demanda de un aumento de plantilla que acabe con el colapso y la saturación de trabajo de los profesionales. Como recordó Arancha Azcúnaga, delegada sindical de Comisiones Obreras, si ya de por sí el volumen de tareas era considerable, con la implantación del nuevo sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial se ha multiplicado en un cien por cien.

Así, en cada uno de los tres órganos en lo que va de año se han llegado a incoar más de 150 ejecutorias, frente a las 2.500 que se tramitaron en 2008. «El Tribunal Superior de Justicia sabe perfectamente lo que pasa, porque nos mandan las estadísticas cada tres meses, y son conscientes de que el incremento de trabajo no va parejo del aumento de la plantilla». La creación de nuevos registros, como recordó la delegada sindical, supone un trabajo añadido a hacer no por los jueces sino por los funcionarios, que «están agobiados y no pueden más».

Azcúnaga añadió que las plantillas judiciales no crecen al ritmo del incremento poblacional de Jerez y, lo que es peor, de las conductas delictivas. Por otro lado, resaltó que existen bajas que tampoco se están cubriendo, por lo que las presiones hacia la Administración autonómica continuarán en tanto en cuanto no se adopten medidas al respecto. «Al final esto es un servicio público y quien paga son los funcionarios y la gente, que demanda un servicio en condiciones y no lo tiene porque no se ponen las medidas adecuadas». Además, insistió en que en los juzgados no sólo existen jueces y secretarios, en clara alusión a la huelga emprendida hace un mes por los magistrados, sino que también «hay compañeros que no pueden más, por lo que tienen que salir a la luz los problemas de los curritos».

Dos más por juzgado

Javier Fernández, también delegado de CC OO, aludió a la petición concreta de al menos dos personas más por juzgado, explicando que no sólo el nuevo registro ha supuesto un incremento de trabajo, sino también todos los temas relacionados con la violencia de género a raíz de la apertura de este juzgado específico, así como la penalización de muchas de las infracciones a la Ley de Seguridad Vial. El sistema recién implantado, no obstante, ha supuesto que por cada causa el funcionario deba dedicar otros 30 minutos sólo a su registro. «El problema de la saturación viene de años, pues comienza cuando se pusieron en marcha los juicios rápidos en los Juzgados de Instrucción, lo que implica que llegan sentencias rápidas aquí, donde luego tenemos un buen trabajo de ejecutorias».

Toda esta coyuntura podría incidir, como reconocieron los trabajadores, en que sigan sucediendo casos parecidos al de Mari Luz, puesto que «la gente tiene una capacidad y un horario, y no hay más». Aunque en el fondo de la cuestión todas las fuerzas sindicales está de acuerdo, ayer la división quedó patente en lo que a la protesta se refiere. Y es que únicamente CC OO secundó la movilización, ya que el resto de los colectivos prefiere dar un margen de confianza a la Junta ante la próxima mesa de negociación.

Fernández se refirió a este punto, explicando que «nosotros lo que queremos es un aumento de plantilla y no horas extras», en referencia a la petición de otros sindicatos que sí abogan por el establecimiento de una jornada de tarde aunque voluntaria y adecuadamente retribuida. El Sindicato Profesional de la Justicia, por su parte, mandó un comunicado en el día de ayer en el que incidía en que «el personal tendrá que invertir un 50% de su jornada en trabajos de grabación y envío de anotaciones para las nuevas tareas informáticas».

Tales labores han sido encargadas sin la formación adicional necesaria, por lo que a los funcionarios les supone un esfuerzo añadido el llevarlas a cabo. Por si no fuera poco, desde el SPJ informan de que los trabajadores padecen la constante derivación de otras tareas a los juzgados penales desde 2007, realizando labores que competen a otras instancias administrativas, como la investigación patrimonial o algunas actividades propias de Correos. No obstante, en este caso el sindicato sí apuesta por la vía del diálogo con la Administración, antes de emprender acciones de mayor calado.

admontalvo@lavozdigital.es