La Fiscalía pide al Supremo el archivo de la querella popular contra Garzón

La Fiscalía solicitó ayer al Tribunal Supremo que archive la querella por prevaricación que el Partido Popular presentó contra el juez Baltasar Garzón. El partido que lidera Mariano Rajoy acusó al magistrado de la Audiencia Nacional de retener «fraudulentamente» la investigación sobre la presunta trama de corrupción que afecta a varios altos cargos populares, por lo que pedía su inhabilitación entre 10 y 20 años, lo que supondría su expulsión de la carrera judicial.

El núcleo de la acusación del PP contra Garzón radica en su supuesto empecinamiento en retener el sumario del denominado 'caso Gürtel', pese a que la Fiscalía reclamó su envío a los Tribunales Superiores de Valencia y Madrid, al aparecer en la investigación indicios que afectan a aforados de ambas comunidades.

La Fiscalía rechaza de plano la argumentación del PP y solicita a la Sala de lo Penal del Supremo, que la archive «por no constituir delito alguno» la actuación del magistrado. En el informe, de apenas dos folios, el Ministerio Público recuerda que el magistrado se limitó a cumplir lo previsto en el artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, punto que no sólo no impide, sino que obliga al juez que en una investigación se tropieza con un aforado «a continuar la investigación» a fin de evitar una inhibición injustificada a los tribunales competentes.

El pasado jueves, una semana después de que el PP presentara la querella, el juez Garzón se inhibió en el 'caso Gürtel', que derivó a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Al primero pidió que decida sobe la imputación de los parlamentarios regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, sospechosos de haber recibido fuertes sumas de dinero de la red de Francisco Correa. El tribunal valenciano, por su parte, deberá analizar los regalos que, al parecer, recibieron el presidente de la comunidad, Francisco Camps, y el secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía dedica un duro varapalo al argumentario del PP, al que reprocha que los «hechos periodísticos» que recoge la querella hacen referencia a resoluciones judiciales susceptible de recurso y «plasman una disconformidad del partido político con la marcha del procedimiento».

Respecto a las acusaciones de que el instructor es el responsable de las filtraciones periodísticas, el fiscal entiende que la querella no aporta «dato alguno» que permita fundamentar la acusación. La única salvedad, añade el informe, es la nota que emitió el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional en la que el juez desmintió que el portavoz del PP, Esteban González Pons, estuviera implicado en la trama.

Minutos después de que la Fiscalía pidiese el archivo de su querella, el PP presentó un escrito en la sede del Consejo General del Poder Judicial en el que amplía la queja en la que pidió a la Comisión Disciplinaria una sanción para Garzón por las «reiteradas» filtraciones de la instrucción de la 'operación Gürtel'.

Los populares argumentan ahora que el juez se ha ausentado de viaje fuera de España -ha estado de permiso en América Latina- sin haber cumplimentado aún el envío a los Tribunales de Madrid y Valencia de la documentación que afecta a los aforados .