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El presidente del tribunal recuerda que no se juzga el enlace matrimonial

Los tres procesados aprovecharon su última oportunidad para defenderse en el juicio, y emplearon su alegato final para reiterar su inocencia. Además, el marido de la menor inició su defensa apelando a la validez de su enlace matrimonial y sosteniendo que ése era el motivo que le había llevado a prisión provisional y a sentarse en el banquillo de los acusados. «En este país se dan este tipo de matrimonios -refiriéndose a enlaces entre adultos y menores- en la comunidad gitana y no ocurre nada. ¿Por qué no me respetan a mi?». El presidente del tribunal hizo un inciso en ese momento y le pidió a la traductora que le aclarara «que él no estaba siendo juzgado por su matrimonio sino por un delito de agresión sexual».

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No fue la única vez que salió a la palestra el choque de culturas que existe como trasfondo de este asunto. La fiscal, en sus conclusiones finales, quiso desterrar cualquier duda sobre a quien se dirigía la acusación pública. «Insinuar que la acción del Ministerio Público va en contra de las costumbres mauritanas es crear una especie de cortina de humo para la opinión pública. Los hechos que aquí se están analizando están castigados por las leyes españolas y mauritanas».

Lo cierto es que desde que se destapara la denuncia de la menor en 2007, su familia biológica sostuvo que todo era fruto de un mal entendido entre culturas, si bien en el juicio, la tesis que ha defendido el letrado de los procesados es que la adolescente estaba siendo dirigida por la familia de Puerto Real que la cuida desde que era pequeña. «Lo que quieren es quedarse con ella para que de mayor cuide a la madre; cambiarle de religión y hacer entrevistas para ganar dinero». Esos fueron los argumentos del esposo de la joven segundos antes de que concluyera el juicio. «No necesito ningún juez, porque no hay quien condene a un inocente», sentenció.