La fiscal endurece más la petición de pena para los familiares de la menor mauritana

No cabía un alfiler en la sala de vistas de la Audiencia, donde se celebró ayer la última sesión del juicio contra el esposo y los padres de una menor mauritana que denunció haber sido forzada a casarse y mantener relaciones sexuales cuanto tenía 13 años. Hoy tiene 16. La comunidad mauritana en Puerto Real hizo piña y arropó al matrimonio compuesto por Hawa Mint Cheik y Mohamed Ould, y al marido, El Moctar Ould Abderrahamane. Sin embargo, ese apoyo explícito no influyó en las tesis del Ministerio Público, que decidió endurecer las penas que pide para cada uno.

Los procesados ahora se enfrentan a posibles condenas que van desde los 15 años para el marido y las más graves, para los progenitores de la víctima, de 22 y 21 años de cárcel. La diferencia estriba en que la acusación pública -la única que se ejerce en este procedimiento- responsabiliza sólo de la agresión sexual a El Moctar, mientras que a los padres de la menor les acusa de varios delitos más como coacciones, amenazas y en el caso de la madre, de maltrato incluso.

La sesión arrancó con la posibilidad de que la fase final del juicio se celebrara a puerta cerrada. La fiscal de Violencia de Género, Lorena Montero, anunció que la Fiscalía había abierto diligencias informativas a raíz de unas informaciones publicadas en un diario de tirada nacional, donde se podría haber violado derechos de la menor, argumentó Montero. La defensa se opuso a la petición y el tribunal, «para no poner censuras a la libertad de expresión», lo desestimó.

Los primeros testimonios que se oyeron en sala fueron los de cuatro médicos y psicólogos forenses y la especialista que sigue tratando a la menor. En la primera parte de las declaraciones se analizaron las lesiones que presentaba la joven cuando fue explorada tras presentar la denuncia. Los peritos aseguraron que estas lesiones concordaban con el cuadro médico de una víctima de agresión sexual. A eso se le suma el estado psíquico que evidenciaba la víctima: retrotraída, callada y atemorizada.

Los forenses fueron rotundos; sin embargo la defensa representada por el abogado José Álvarez trató de buscar los puntos débiles de estas pruebas hasta concluir en su informe final que no eran de la suficiente gravedad para vincularlas con una violación.

Estos testimonios y el de la psicóloga clínica que trata a la adolescente, y que explicó los trastornos y secuelas que sufre la joven como alteraciones en el sueño y en la alimentación, fueron la piedra angular sobre la que se basó la fiscal para endurecer las peticiones de pena. Aunque Lorena Montero subrayó que la principal prueba es el testimonio de la víctima, «que ha sido siempre coherente y se ha mantenido igual a lo largo del procedimiento. Sus palabras, sus silencios y sus lloros nos transportaron a un infierno, a su infierno».

La jurisprudencia española considera prueba de cargo suficiente, en delitos como la violación, la declaración de la víctima; de ahí que la estrategia de la defensa fuera desacreditar sus palabras. El letrado mantuvo hasta el final el mismo leit moit; que el testimonio había sido dirigido por la familia española que la tiene en acogida para hacerse con su custodia. Pero los peritos no hallaron indicios de que la joven estuviera manipulada.

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