Luis G. R., presunto responsable e la estafa.
CÁDIZ

Las estafas inmobiliarias del dueño de Red Casa se remontan a cuatro años atrás

El grupo Udyco refuerza la investigación sobre el fraude a tres entidades financieras de Cádiz, con quienes los imputados suscribieron varias hipotecas La Policía recibe la denuncia de un afectado que exige una deuda desde 2005

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Como una bola de nieve, la estafa inmobiliaria cometida por los gaditanos Luis G. R. -dueño de la agencia gaditana Red Casa- y su compañera Ana S. G., va tomando proporciones aún mayores conforme pasan los días y continúan las pesquisas en torno a ambos, llevadas a cabo por el Grupo III de la Udyco en Cádiz, perteneciente a la Policía Nacional.

Fuentes de la propia investigación reconocen que los nuevos detalles del caso descubren cómo la estafa posee más recorrido del esperado cuando se inició la Operación Burbuja, hace poco más de un mes.

De hecho, al principio de la investigación, la Udyco esperaba descubrir en este caso un burdo truco cometido a la desesperada por un agente inmobiliario, para conseguir un dinero durante un tiempo en plena crisis del ladrillo, vendiendo una misma vivienda a varias personas.

Sin embargo, en la Comisaría gaditana reconocen que una práctica así se puede cometer con dos o tres clientes. Pero ya hay contabilizadas más de una veintena de denuncias de acreedores y afectados, algunos con los que, incluso, Luis G. R. habría utilizado el mismo método de la estafa hace cuatro años.

Es el caso de Arturo, un gaditano que en 2005 intentó comprar una casa en la calle Trinidad, y que perdió en el intento 4.500 euros, adelantados como entrada y fianza a Luis G. R. La narración de su caso recuerda casi al detalle las más de veinte historias de afectados que intentaron comprar luego en Red Casa: el pago de un adelanto que urgía, el retraso en la firma de la escritura, continuas excusas para no devolver el dinero y finalmente amenazas a los clientes con denunciarlos por coacción.

Primer estafado

«Me enseñaron la casa y me metieron prisa por pagar, para no perderla, pero no me llamaban para firmar así que me puse nervioso. Me dí cuenta de que no habían movido ni un papel y que se quedaron con mi dinero; así que fui a reclamarlo con una abogada; entonces Luis nos encerró en el despacho bajo llave y nos amenazó con denunciarnos por coaccionarle», explicaba ayer, tras contar estos hechos a la Policía.

Aún le deben los 4.500 euros, reconoce, a pesar de lo cual en su día optó por no denunciar el hecho porque «tenía 25 años» y calculó «que entre procuradores y abogados, podría recuperar poco dinero». No es el único que optó por desistir y, de hecho, para la Policía la falta de denuncias en todo este tiempo ha sido una de las cosas más «sorprendentes» del caso, afirmaban ayer fuentes del Grupo III de la Udyco. Según este cliente, en 2005 «a Ana -la segunda detenida- no la conocía, sólo me atendió Luis» y ya por entonces presumía de un nivel de vida superior al que podía permitirse: «Me decía que era manager de futbolistas de la UEFA», explicaba ayer el afectado.

Un empleado más

En aquella época, Luis -que contaba con 29 años- aún no era propietario de la inmobiliaria, sino un mero empleado de ésta, gestionada por un cuñado suyo. Dos años más tarde, sin embargo, Luis G. R. adquirió la compañía bajo la firma Sagasta 36 S. L. con la que también ha fundado una web con reminiscencias constitucionales: Grupo 1812.

Una vez destapado el engaño continuado a los clientes (basado en el cobro de adelantos a varios compradores a la vez, para la adquisición de una misma vivienda), la Policía investiga ahora en detalle un fraude aún mayor y más complejo cometido contra entidades financieras de la provincia.

En este sentido, ambos individuos podrían haber estafado más de un millón y medio de euros con la contratación de productos financieros que o bien no pagaban, o bien se firmaron con tramitaciones fraudulentas que podrían suponer además de la imputación por un delito de estafa, la acusación por un delito añadido de falsedad documental.

Un fraude aún mayor

Se investigan especialmente las hipotecas constituidas por Luis G. R. sobre las tres viviendas y el local en propiedad de Ana S. G., con las que se efectuaron los engaños a los clientes. Según reconoce la Policía, Luis era «conocedor de los entresijos del mundo inmobiliario», «como se comprueba en su habilidad para la tramitación de hipotecas».

La instrucción judicial de la estafa sigue sus cauces en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz, en el que ya se han personado decenas de clientes afectados, que exigen la encarcelación de los dos acusados. Actualmente, tanto Luis como Ana siguen en prisión preventiva impuesta por el juez para evitar una posible fuga. Aunque pueden permutar esta medida con una fianza de 70.000 euros.

mgarcia@lavozdigital.es