La Junta ha abierto diligencias urbanísticas a un total de 535 municipios en sólo tres años

La ilegalidad urbanística no es patrimonio exclusivo de los municipios de la costa andaluza, sino que afecta a buena parte de la Comunidad autónoma. Así lo demuestra el hecho de que la dirección General de Inspección de la Junta ha tramitado, en los tres años transcurridos desde su creación, 17.649 diligencias en 535 localidades andaluzas, es decir, que el 69,5% de los ayuntamientos de la región han adoptado alguna decisión urbanística contraria a la legislación vigente.

Estos datos los ofreció ayer Juan Espadas, consejero de Vivienda, durante su comparecencia en el Parlamento para informar de los mecanismos de control que el Gobierno andaluz aplica en materia de ordenación del territorio. En un debate de alta tensión, Espadas anunció que el nuevo Reglamento Urbanístico, que ultima el Ejecutivo de Chaves, desarrollará un procedimiento de demolición sumaria en el plazo de un mes para el caso de edificaciones manifiestamente ilegalizables. Este nuevo instrumento de inspección, que recoge la mayor parte de las sugerencias trasladadas por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, sustituirá al actual (de carácter nacional), vigente desde los años setenta. El nuevo reglamento potenciará la potestad de los alcaldes para ejecutar medidas cautelares contra obras sin licencia.

Espadas, en su verdadero bautismo de fuego en la Cámara autonómica (sólo lleva diez meses como consejero), rechazó de plano que la sombra de la corrupción política recorra Andalucía o que se pueda pensar que detrás de cada alcalde se esconda un presunto corrupto. «La gran mayoría de los alcaldes y concejales andaluces son honestos servidores públicos», acotó.

Minuto de silencio

Es más, el consejero inició su alocución destacando que «hoy (por ayer) era un día triste para Andalucía, porque el Parlamento debe volver a tratar el asunto de la corrupción, a causa del despreciable enriquecimiento ilícito de un reducido número de primeros ediles. Casi deberíamos pedir un minuto de silencio por la honradez», abundó Espadas.

Esperanza Oña, portavoz del PP, cambió radicalmente el tono y acusó a la Junta de ejercer de «cómplices políticos» en lo casos de corrupción por desatender sus obligaciones de control.

«Hay alcaldes corruptos de todos los colores, pero sobre todo del suyo, señor consejero, porque el 85% de los concejales imputados pertenecen al PSOE», denunció la alcaldesa de Fuengirola. Abundó, a este respecto, en que según sus datos, hay 41 cargos socialistas imputados y otros 47 que han sido ex concejales o altos cargos del PSOE.

Los socialistas, ante la crudeza que se le presumía al choque de ayer, 'resucitaron' a uno de sus más brillantes y aguerridos oradores, al ex portavoz José Caballos. Para comenzar, reprochó a Oña que haya querido hacer ver que todos los alcaldes del bando socialista son demonios y todos los alcaldes del PP son santos. Hubo un murmullo en la sala y desde la bancada popular se pidió una llamada al orden. «Al orden no, hay que llamar al sastre, que alguno de ustedes le sale muy barato», comentó en alusión a la investigación sobre quién sufragó parte del vestuario del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP). Caballos le preguntó a Oña si se le había olvidado toda la investigación judicial abierta en Madrid y Valencia contra altos cargos del PP.

Juan Manuel Sánchez Gordillo, en nombre de IUCA, reclamó más medios para los ayuntamientos para evitar las tentaciones de empresarios que quieren ganar mucho dinero en muy poco tiempo utilizando vías ilegales. «Para acabar la rabia de la corrupción hay que matar al perro», comentó.