El PSOE respalda a Román: «Nuestros abogados creen que se archivará el caso contra el alcalde»

Tanto el alcalde socialista de Chiclana, José María Román, como el PSOE de Cádiz rompieron ayer su silencio acerca de la investigación de la Fiscalía en torno a cargos políticos del Ayuntamiento de Chiclana y de la Junta por un supuesto delito de prevaricación y trato de favor a propietarios de viviendas ilegales.

La Fiscalía indaga el presunto archivo intencionado de más de 1.700 multas contra los dueños de casas irregularmente construidas en suelo no urbanizable de Chiclana. Un trato de favor que se habría producido entre los años 2003 y 2006, cuando el Consistorio estaba gobernado por el PSOE y que podría implicar un delito de prevaricación y de malversación de fondos públicos. Bajo la sospecha de estos cargos fue interrogado por la Guardia Civil la semana pasada el primer edil, José María Román, en calidad de imputado.

Además de él, están siendo investigados el actual secretario general de Deportes de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, aunque no por sus actuales cargos regionales sino por sus responsabilidades en el consistorio chiclanero, uno como alcalde y el segundo como delegado de Urbanismo. La investigación también alcanza a la delegada de Hacienda, Manuela Moreno; al ex responsable de Obras Públicas a nivel provincial, Alfonso López; y a Juan Belizón, también concejal de Urbanismo hasta 2003.

Tras la declaración de todos ellos por su supuesta implicación en el archivo masivo de multas, ahora todas las miradas están depositadas en el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, responsable de las diligencias de investigación y de quien se espera que presente la denuncia formal ante los juzgados de Chiclana en los próximos días.

Desde el PSOE de Cádiz, sin embargo, confían en que todo quedará en agua de borrajas y el fiscal Núñez archivará finalmente el caso. Así lo manifestó ayer a LA VOZ el secretario general de los socialistas gaditanos, Francisco González Cabaña, quien asegura que no existe una causa suficiente para imputar ni al alcalde ni al resto de dirigentes socialistas, al menos, según los informes elaborado por los servicios jurídicos del partido. «Ya consultamos a nuestros servicios jurídicos; y esperamos que se archive el caso, porque no se ha cometido ninguna irregularidad», explicó ayer González Cabaña, que garantizó que si existiese «cualquier indicio de corrupción» la reacción inmediata del partido sería echar de sus filas al actual alcalde chiclanero y al resto de imputados. Y puso como ejemplo la reciente imputación por un delito de corrupción del alcalde de Alcaucín, en Málaga.

Ayer, por su parte, en sus primeras declaraciones oficiales sobre este caso, el alcalde socialista José María Román también quiso quitar importancia a su implicación, alegando escuetamente que «no hay ninguna novedad en este asunto».

Román apuntó además, en respuesta a las declaraciones efectuadas por los dirigentes del PP el fin de semana, que «crear alarma no hace ningún favor a Chiclana» e insistió en que «todo aquel que cree alarma, no está haciéndole ningún bien a esta ciudad», dijo.

En este sentido, el secretario general del PSOE en Cádiz también tachó el asunto de «cortina de humo y una estrategia del Partido Popular para ocultar sus propios casos de corrupción».

Cabe recordar, sin embargo, que la investigación de la Fiscalía partió el pasado año de una denuncia interpuesta por el anterior gobierno cuatripartito de Chiclana, presidido por el popular Ernesto Marín. Antes de ser descabalgado de la alcaldía, en una moción de censura, el equipo de Marín envió a la Fiscalía más de 1.717 expedientes sancionadores hallados en el área de Urbanismo y que supuestamente fueron invalidados por el anterior gobierno socialista.

Precisamente, el presidente del PP en Cádiz, José Loaiza, consideró ayer que la moción de censura contra Marín fue, precisamente, una «moción tapadera» para «frenar la información que iban recopilando diariamente los concejales del PP».

Declaraciones del PP

José Loaiza anunció ayer, además, que llevará el asunto hasta el Parlamento de Andalucía donde registró ayer una pregunta dirigida al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, para que explique en el próximo Pleno la actuación de la Junta ante las «irregularidades urbanísticas» en Chiclana.

En la pregunta, Loaiza interrogará a Espadas sobre «qué pasa con los expedientes que se le han remitido sobre posibles delitos contra la ordenación del territorio». E insistió que las «irregularidades urbanísticas» eran «una realidad conocida por todos» ante las que «nadie actuaba».

El dirigente popular acusa además a PSA e IU -que gobiernan con el PSOE en Chiclana- de ser «cómplices» por mantener en el gobierno municipal a «un PSOE bajo sospecha». Y por supuesto, a la Junta, que «no ha actuado» para «evitar que se siga construyendo ilegalmente en Chiclana, pero sí ha sido diligente en aprobar y defender un PGOU mal hecho».

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