Chiclana y El Puerto sientan precedente
El Puerto y Chiclana no son los únicos municipios afectados por la lacra del urbanismo ilegal salvaje. De hecho, la proliferación de casas irregulares afecta a toda la costa gaditana, desde Sanlúcar hasta Tarifa, e incluso en el interior. Tampoco son los únicos municipios donde la Fiscalía de Medio Ambiente investiga y persigue delitos contra la ordenación del territorio.
Actualizado:Pero sí sientan precedentes porque la investigación de estos delitos haya salpicado a cargos políticos de ambos ayuntamientos: En El Puerto, ya se han visto imputados el anterior alcalde de Independientes Portuenses, Hernán Díaz, y el ex concejal de Urbanismo durante su gobierno, Juan Carlos Rodríguez, vinculados e imputados en varias denuncias contra la trama de falsificación de expedientes de obra nueva de viviendas cometidas en la localidad. En Chiclana, la Fiscalía investiga, en cambio, una supuesta red de favores a los dueños de viviendas ilegales, a los que se les habría retirado las multas administrativas por construir contra el PGOU. Hasta ahora, la Fiscalía ha actuado de oficio contra los propietarios y constructores de casas ilegales, pero en la investigación de cargos políticos ha seguido las denuncias interpuestas por el Partido Popular, tras la llegada de este partido a las alcaldías portuense y chiclanera, en las últimas elecciones de 2007. Los nuevos gobiernos municipales anunciaron que destaparían no sólo la dejadez en el control del urbanismo por parte de las alcaldías anteriores, sino los casos de prevaricación, a la hora de hacer la vista gorda a los que cometían delitos contra el suelo: una población tan numerosa como para crear grupos de presión, capaces de lograr en ambas localidades procesos de legalización de las viviendas. Sólo en el municipio chiclanero, se calcula que existen más de 30.000 casas.