«Todo el mundo sabía lo que pasaba en Chiclana pero nadie actuaba»

El caso del archivo masivo de expedientes sancionadores de Urbanismo, denunciado por el PP de Chiclana, ha regresado a la primera línea informativa después de que este periódico adelantara en su edición de ayer que los políticos vinculados al Consistorio chiclanero y que constan en la denuncia, ya habían prestado declaración en calidad de imputados en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El contenido de los interrogatorios obra en manos del fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, quien tendrá la última palabra en cuanto al éxito procesal o fracaso de la denuncia planteada por los populares. Como se informó ayer, las diligencias informativas están en curso y el Ministerio Público no se ha pronunciado aún.

Las novedades en este caso provocaron en la aletargada jornada dominical un chorreo de reacciones, que aunque de diferente color político, en todas existe un ingrediente en común: la petición de que la Justicia llegue al fondo de las irregularidades urbanísticas, que tienen como mejor prueba las miles de viviendas levantadas a lo largo de los últimos años en la provincia, contraviniendo las normativas urbanísticas.

Las declaraciones más contundentes llegaron desde el Partido Popular, impulsor de una denuncia que salpica a dos altos cargos de la Junta -el secretario general de Deportes, Manuel Jiménez Barrios, y el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez -, aunque la investigación se ciñe sólo a cuando tenían responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Chiclana entre 2003-2006; uno como alcalde y el segundo, como ex delegado de Urbanismo. Las pesquisas también alcanzan al actual primer edil, José María Román; la delegada de Hacienda, Manuela Moreno; el ex responsable de Obras Públicas a nivel provincial, Alfonso López Almagro, cuyo hermano es el actual gerente de la sociedad municipal de suelo (Emsisa) y Juan Luis Belinzón, que también ocupara la cartera de Urbanismo entre 1995 y 2003.

«Esto es una prueba más de lo que veníamos denunciando desde la moción de censura de Ernesto Marín. Ese movimiento buscaba tapar el cúmulo de irregularidades que se han cometido en Chiclana, y que todo el mundo sabía pero nadie actuaba». De forma tajante se refería el presidente provincial del PP, José Loaiza, a la hora de valorar la documentación que habían trasladado a la Fiscalía y que habla de 1.717 expedientes sancionadores contra edificaciones ilegales que quedaron sin efecto, salvo diez de ellos, cuyas multas sí se cobraron. Los populares siempre han defendido que en muchos de estos expedientes consta la firma del técnico autorizando la tramitación de la sanción, pero que se quedaban paralizados por la dejadez del Ayuntamiento, que ha estado gobernado durante más de 20 años por el PSOE, hasta que el cuatripartito liderado por Ernesto Marín rompiera esa ciclo sin mucho éxito. «El desorden urbanístico que hay en esa ciudad es responsabilidad de los equipos socialistas y de la Junta, como último garante de las normas urbanísticas. Si los indicios recabados hasta ahora se traducen en una denuncia formal del fiscal, pediremos responsabilidades al presidente Chaves». Loaiza iba más allá y se preguntaba, dado que también han denunciado ante la Fiscalía la prescripción de algunos expedientes vinculados a familiares de dirigentes socialistas, «si esa dejadez administrativa le interesaba al PSOE».

Investigaciones a fondo

Desde IU, que ha regresado al Gobierno local, se pedían investigaciones judiciales «que lleguen al fondo y que aclaren todo lo oscuro que aparezca», declaraba ayer a este medio el parlamentario de esta formación por Cádiz, Ignacio García. «Desde el respeto hacia una investigación policial y judicial, las miles de viviendas que hay fuera de planeamiento en Chiclana es un problema que no viene de ahora sino de muchos años atrás».

Desde las filas socialistas se guardó silencio y no se pronunciaron sobre este asunto, del que sí quiso hablar el concejal de Urbanismo durante el gobierno cuatripartito, José Pedro Butrón, quien mostró extrañeza por el hecho de que «no haya habido una intervención de la Fiscalía hasta ahora. Una situación como la de Chiclana, con más de 30.000 viviendas construidas sin licencia en los últimos años, no tiene comparación con ninguna otra localidad española, y tiene que tener algún responsable político». Los más de 1.700 expedientes sin ejecutar son de por sí una prueba para Butrón. «Los datos hablan por sí solos, y llama la atención de que en esos años sólo se resolvieron poco más del 1%».

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