Un embrollo procesal
La resolución en la que el juez Baltasar Garzón acuerda inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que éste órgano resuelva si cabe imputar o no al presidente autonómico y al secretario regional del partido, en puridad, sólo endosa a este órgano judicial lo relacionado con Francisco Camps y Ricardo Costa.
Actualizado:Pero, en virtud del principio legal de unidad procesal para delitos conexos, el sumario llevará a la capital del Turia un boceto de investigación que afecta a empresarios valencianos adjudicatarios de contratos de la administración autonómica, y de los que algunos indicios apuntan que podrían haber entregado dinero a la empresa de Álvaro Pérez Alonso, quien a su vez financiaría una parte de los gastos de organización de mítines, congresos y otros eventos para el PP valenciano. Orange Market fue la única empresa que contrató el PP de la Comunidad Valenciana desde que Francisco Camps es su presidente y Ricardo Costa su secretario general. El juez incluye en su resolución algunos indicios de financiación irregular del partido en 2002, cuando era presidente Eduardo Zaplana y secretario general José Luis Olivas, actual presidente de Bancaja.
También señala que el PP podría haber pagado el X Congreso regional en metálico y, en un buen porcentaje, con dinero 'negro'. En ese cónclave fue elegido secretario general del PP valenciano Francisco Camps. El tribunal superior de la comunidad debe resolver qué hacer con esa parte de la trama. Y también analizar dónde se pudo cometer el hecho delictivo atribuido a los aforados, la aceptación de los sobornos.
Francisco Camps y Ricardo Costa recibieron los trajes de marras en Valencia, pero las empresas de Francisco Correa y Pérez Alonso los pagaron en Madrid. Si el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad valenciana concluye que el posible delito se cometió en tiendas de la calle Serrano, el caso volverá a la capital.