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Respuesta definitiva

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a celebración, a partir del 24 de marzo, del juicio por la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 ha de resolver las eventuales responsabilidades penales en que pudieron incurrir el general médico y los dos oficiales procesados. Que quienes van a sentarse en el banquillo estén acusados de un delito continuado de falsedad documental, lo que implicaría que atribuyeron identidades a los cadáveres a sabiendas de que no eran correctas, constituye una imputación tan grave y de consecuencias tan lacerantes para las familias de las víctimas que obliga a su esclarecimiento definitivo en la vista oral. Y no sólo por la obligación de resarcir a los damnificados si se confirman las irregularidades, sino también por la necesidad de clarificar la ejecutoria llevada a cabo por aquellos que estaban representando al Estado en un suceso especialmente dramático.