Libertad con cargos para el ex consejero del PP murciano
El juez imputa a Francisco Marqués los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales
MURCIA Actualizado: GuardarEl titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ha decidido dejar en libertad con cargos a el ex consejero del Gobierno murciano y director de Hefame, Francisco Marqués. El magistrado instructor del caso le imputa los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).
El abogado Jaime Peris, que ha llevado la defensa del acusado, ha explicado que Marqués deberá presentarse cada mes en los juzgados. Al mismo tiempo, ha asegurado que el juez le ha impuesto la retirada del pasaporte, aunque con solicitud expresa para salir del país por motivos laborales.
Marqués, que se reencontró en la misma planta con sus dos hermanas, visiblemente afectadas y emocionadas, asegura que "por supuesto que sí" seguirá como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), aunque se ha negado a hacer declaraciones sobre su puesta en libertad. Asimismo, entre multitud de fotógrafos y medios de comunicación, ha dicho que se encuentra bien y que "he estado muy bien atendido": "me han tratado muy bien".
El fiscal pedía prisión incondicional
La decisión del juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que lleva la investigación sobre La Zerrichera, ha estado tomando declaración a Marqués. El fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, "pedía prisión incondicional y no alternativamente, pero que en caso de no ser así, con fianza y otra serie de medidas que no han sido trascendentes".
En la declaración, el ex consejero ha tenido que explicar el hallazgo de más de 40.000 euros en el trastero de su vivienda habitual en la capital murciana, así como el modo de adjudicación de sus seis viviendas y unas posibles cuentas en el extranjero. El caso judicial sobre la finca de La Zerrichera, situada en Aguilas, se inició hace años a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE.
