Rajoy da la cara por Camps y niega irregularidades en las finanzas del PP

El PP volvió a cerrar filas en defensa de sus altos cargos. Mariano Rajoy respondió ayer a las acusaciones del juez Baltasar Garzón con un apoyo sin fisuras al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y al secretario general del partido en esa región, Ricardo Costa. El líder de los populares devolvió así el respaldo que le prestó el hasta ahora primer 'barón' autonómico del partido y que resultó decisivo para el éxito de su reelección en el congreso nacional de junio.

La dirección del partido negó toda financiación ilegal de la organización y reiteró su fe ciega en la correcta gestión de sus cuentas, tanto en Madrid como en Valencia. «Se ha demostrado que las finanzas del PP están fuera de toda sospecha», dijo la secretaria general, Dolores Cospedal, cuando dio lectura a una declaración oficial en rueda de prensa y puntualizó que la legalidad en las cuentas alcanza «a todo el PP».

Los comentarios del juez sobre el destino de 420.000 euros que figuran en la contabilidad de Orange Market atribuidos a 'PP VLC' y el pago en dinero negro de los gastos de celebración del X Congreso regional son para Cospedal «sospechas» que no se soportan y afirmaciones «insidiosas e injustificadas». Incluso acusó al magistrado de mostrar en los tres autos conocidos el jueves una «manifiesta animadversión» al PP que justifica la querella que contra él presentó el partido.

Ante las múltiples acusaciones sembradas en los autos del juez de la Audiencia Nacional, Rajoy optó por proteger al presidente valenciano mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hacía limpieza en su territorio.

El apoyo a Francisco Camps y Ricardo Costa, a los que el juez acusa de recibir sobornos en especie de la terminal valenciana de la trama de Francisco Correa, es la respuesta oficial de la dirección nacional a los dos altos cargos, de cuya inocencia pone la mano en el fuego. El PP sale en defensa del presidente valenciano porque «está siendo objeto de gravísimos ataques con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional».

Cospedal negó toda credibilidad a las acusaciones del juez e insistió en la inocencia de Camps y Costa porque «los hechos, primero, hay que demostrarlos».

La número dos del partido demostró que la dirección del PP confía en que el auto de Garzón se quede en nada y que los dos aforados no lleguen a ser imputados. «Yo no voy a dar por demostrados hechos que tendrá que juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana», dijo.

Por idénticos delitos ya han sido imputados dos cargos valencianos de rango menor. Víctor Campos fue vicepresidente de la Generalitat y Rafael Parreño es el actual jefe de gabinete de la presidenta de la asamblea autonómica. Presuntamente habrían recibido prendas de ropa por valor de 4.859 y 9.950 euros, respectivamente. A los dos les fue aceptada la suspensión de militancia.

Limpieza

La protección de la dirección nacional a los dos altos cargos valencianos tampoco alcanzó a los alcaldes y aforados de Madrid, entre los que se produjeron dimisiones en cadena. Cospedal también anunció la suspensión de militancia de todos los imputados que, según dijo, se produjo a petición propia. En un principio incluyó en la renuncia a los tres aforados por ser parlamentarios en la Comunidad de Madrid, pero el partido de Aguirre lo desmintió. El trato desigual con los aforados de una y otra región llevó a los populares madrileños a corregir la situación.

La secretaria general, no obstante, tuvo una deferencia con el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, apostó por su inocencia y elogió el gesto de su renuncia a pesar de que, según dijo, «ni siquiera ha sido imputado por hechos relativos a su gestión municipal».

Cospedal prometió que la dirección del PP exigirá responsabilidades a cualquier militante que haya cometido alguna ilegalidad, pero no supo explicar el baremo que utilizará el partido para castigar o defender a sus dirigentes.