La Audiencia rechaza que Trillo declare en el juicio del 'Yak-42'

El ex ministro de Defensa, Federico Trillo, no acudirá a declarar en el juicio por los errores en las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía en mayo de 2003. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará los hechos desoyó las peticiones de dos acusaciones particulares, formadas por familiares de los fallecidos, para que Trillo testificase como responsable de las operaciones de rescate e identificación de los restos.

La Sección Primera de la Audiencia Nacional también rechaza citar como testigos al ex presidente del Gobierno José María Aznar y al ex ministro de Defensa José Bono, que fue el encargado de investigar los hechos a su llegada al Ministerio, en abril de 2004. Tampoco comparecerá el ex secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, a quien la acusación particular incriminaba por estar al corriente de las presuntas irregularidades cometidas en las identificaciones de los restos.

Las dos asociaciones de familiares que pidieron la comparecencia de Aznar y Trillo consideraron que ambos precipitaron la repatriación de los soldados y su entierro por la proximidad de las elecciones municipales de 2003. Una vez concluida la instrucción, la Fiscalía elevó un escrito al tribunal en el que no apoyaba esta tesis y desechaba sus comparecencias.

La Sala presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez rechazó también llamar a declarar a la cúpula del Ejército en el momento de la catástrofe. En cambio, si testificarán el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa y que en aquellas fechas dirigió el operativo de las identificaciones, y su colega el teniente general José Antonio Beltrán.

La vista oral, que comenzará el próximo 24 de marzo y concluirá el 3 de abril, sentará en el banquillo de acusados al general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. Para todos ellos la fiscalía solicita penas de cárcel de cinco años y las cuatro acusaciones particulares lo elevan a uno más por un delito continuado de falsedad documental.

A la par de este juicio, existe otra causa abierta por la contratación del avión accidentado.