La trama corrupta surgió por la «relación directa» de Correa con la dirección del PP

El párrafo es del juez Baltasar Garzón, que ayer despejó una de las incógnitas que rodeaban el 'caso Gúrtel', hasta dónde llegaba la implicación del principal partido de la oposición en la trama de corrupción que lideraba Correa. El magistrado concluye que la red nació en el corazón del partido, pero construye una larga lista de beneficiarios a título personal, sin que consten pruebas que afectan, de momento, a las finanzas del PP.

La vinculación de Correa y sus adláteres con el PP fue estrecha entre 1996 y 2004. En ese tiempo, «desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido, o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de sus empresas en la administración que gobernaban», describe el juez.

La investigación judicial, sin embargo, se centra en lo ocurrido después, cuando el empresario pierde el favor de la dirección popular y tiene que dirigirse a cuatro pueblos de Madrid gobernados por el PP: Pozuelo, Boadilla del Monte, Arganda y Majadahonda, así como a la Comunidad Valenciana.

Garzón dejó ayer en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la investigación del 'caso Gürtel' en lo que afecta a tres parlamentarios regionales en su día ya defenestrados por la presidenta Esperanza Aguirre y que, según las pesquisas policiales, cobraron de Correa sobornos por un total de 1.250.728 euros. Se trata de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco.

La Policía tiene bien claras las cuentas de cuánto recibió cada uno por adjudicaciones ventajosas para Correa y sus secuaces: Martín Vasco, 437.166 euros; López Viejo, 563.000 euros, y Bosch Tejedor no menos de 250.562 euros.

La presencia de los aforados arrastra a la justicia madrileña todo el 'caso Gürtel'. Si el alto tribunal regional acepta la competencia, tendrá que investigar la compleja trama creada por Correa, un enjambre de sociedades de inversión especulativa para buscar la rentabilidad en operaciones inmobiliarias, sociedades patrimoniales que gestionan su patrimonio personal y firmas de gestión que prestan apoyo al resto de carácter administrativo o de organización de viajes. Sobre esta estructura nacional superpuso otra internacional con firmas constituidas en Inglaterra y Holanda, participadas participadas a su vez por entidades creadas en paraísos fiscales.

Si en Valencia la red buscó fondos de los contratos públicos concedidos por la Generalitat, en la Comunidad de Madrid la trama de Correa se introdujo en el sector de la construcción de alto nivel especulativo. Aprovechó para ello el control que en municipios y o en sociedades municipales de gestión del suelo ejercían cargos del PP a los que mantenía en su órbita mediante sobornos y dádivas.

Correa diseñó una estrategia de captación de negocio urbanístico en la que sus firmas buscaban las empresas capaces de ejecutar los proyectos con las calificaciones requeridas y con las que acordaba una comisión a repartir entre los participantes, incluidos los responsables políticos y él mismo.

Es esta parte de la trama la que afecta a los alcaldes populares de Boadilla del Monte, Majadahonda y los que puedan aparecer en las investigaciones todavía en marcha.