Garzón pide a la justicia valenciana que investigue si Camps aceptó sobornos

Garzón hizo ayer caso a las recomendaciones de la Fiscalía Anticorrupción y remitió a la justicia valenciana los episodios de la trama de corrupción que afectan a aforados de esa comunidad. Pero su resolución incluye una carga de profundidad. En el piso de seguridad de la trama corrupta, en el número 40 de la calle Serrano, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encontraron la contabilidad 'B' de la trama, que incluye un ingreso en diciembre de 2002 de un millón de euros, de origen desconocido, de los que 420.000 fueron destinados a 'PP VLC'.

«Ese dinero para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia», aventura el instructor, que precisa que «no existe lógica en dicho traspaso» salvo que sea el pago de cohechos en contrapartida a la concesión de los numerosos contratos públicos de los que se beneficiaron las empresas de Correa, gestionadas en Valencia por Álvaro Pérez Alonso. «Este extremo está pendiente de investigación», precisa el magistrado.

La resolución recoge otras irregularidades contables en las relaciones entre la red de corruptelas y el PP valenciano, como el abono en 'A' y en 'B' del coste del congreso celebrado en la capital del Turia en junio del pasado año, en el que Mariano Rajoy fue reelegido presidente del partido tras su derrota electoral. Un sistema, el de abonar parte de la factura en 'dinero negro', que al parecer también se empleó en el Congreso Regional del PP en Valencia de enero de 2003.

Correa puso sus ojos en Valencia, según la investigación judicial, a partir de 2003, cuando su estrecha relación con la dirección nacional del PP se vino abajo. El juez relata en su escrito cómo el empresario llegó a corromper al corazón del PP valenciano: «para ganarse el favor de los responsables políticos y entregar dádivas de todos tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos». Así «consiguió crear una relación estable con dichas personas ganando su confianza a la que vez que favorecía la obtención de negocios para sus empresas».

«Una vez que el responsable político alcanzaba un cargo dentro de una administración, local o autonómica, comenzaba a introducir a personas de su confianza en puesto claves dentro de la organización administrativa con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de los servicios realizados», estrategia de la que los beneficiarios últimos eran Correa, sus empresas y sus colaboradores.

Así cayeron en sus redes de Francisco Camps y el secretario general del de PP de Valencia, Ricardo Costa, diputado autonómico y aforado. Junto a ellos, otros dos altos cargos del partido en la comunidad: el ex vicepresidente de la Generalitat y ex consejero de Justicia y Administraciones Públicas José Víctor Campos Guinot, y el jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.

Explica Garzón que todos ellos se vendieron a Correa por unos 32.000 euros en dádivas, la mayoría trajes a medida comprados en Madrid a las firmas Milano y For Ever Young, que se ocultaron bajo facturas falsas. Camps recibió trajes y prendas de vestir por valor de 12.783 euros, Costa por 7.325, Campos por 4.850 y Betoret por 9.950 euros.

El presidente de la Comunidad Valenciana se dejó regalar «cinco pantalones, un pantalón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana de sport, una deportiva 'Barbour', una chaqueta de fantasía». Y Pérez Alonso «encargó para Camps un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco Blanco para la recepción en el Vaticano».

La conclusión de Baltasar Garzón es que todos estos regalos tuvieron sus resultados: Francisco Correa, a través de Orange Market, ganó desde 2005 a 2009 la organización de los stand de las cinco ferias de turismo en los que participó la comunidad, más de cuatro millones de euros de dinero público.

Por ello, Garzón pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que impute a Camps y Costa, mientras que él lo hace ya con Campos y Betoret, y pide a ese órgano judicial que prosiga la investigación para concretar tanto los posibles delitos cometidos por estos cuatro responsables populares como aquellos que puedan descubrirse al investigar las finanzas del PP valenciano.

Ahora, el alto tribunal de la Comunidad Valenciana tiene que decidir si acepta el caso. Los comportamientos presuntamente delictivos achacados a los dos aforados se cometieron -se pagaron- en Madrid, por lo que es posible que el caso sea a su vez derivado al Tribunal Supremo.