ESPAña ante la crisis

El Gobierno aprueba seis medidas para frenar el paro

El Consejo de Ministros regula la suspensión de contratos como consecuencia de los Expedientes de Regulación de Empleo

MADRID Actualizado: Guardar
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto-Ley con las seis medidas extraordinarias de índole laboral que tendrán un coste inicial de 1.577 millones de euros. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que alguna de las partidas destinadas a estas propuestas se "proyectarán" a algún otro ejercicio dada su naturaleza.

Fernández de la Vega ha recalcado que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia de empleo son "relevantes" y que todas las medidas aprobadas han sido analizadas y valoradas por el Gobierno y los agentes sociales. Todas las propuestas, de carácter urgente y coyuntural, están previstas para este año, aunque el Gobierno no descarta su continuidad. El Ejecutivo evaluará, previa consulta a la patronal y a los sindicatos, el funcionamiento y los resultados de estas medidas para decidir si se mantienen más allá de este año o si se modifican.

Cinco de la seis medidas aprobadas se recogen en tres capítulos del Real Decreto, y una, la referida al reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo, no se incluye en su articulado porque no requiere modificaciones legislativas para su aplicación. Tres de las propuestas son relativas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y están encaminadas a favorecer tanto a los trabajadores afectados por dichos expedientes, como a las empresas en los periodos de suspensión de contratos como consecuencia de los mismos.

Regulación de EREs

Los trabajadores podrán recuperar el tiempo de la prestación por desempleo que hubieren consumido durante la suspensión de su contrato por un ERE en el caso de que, posteriormente, se le vuelva a extinguir su contrato. Para las empresas se establece una bonificación del 50% de sus cuotas a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión de trabajo como consecuencia de los ERE, con un límite máximo de 240 días.

También se pretende estimular la actividad laboral de los trabajadores prejubilados afectados por un ERE que han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, para que de los 61 a los 65 años puedan compatibilizar esta situación con otras ocupaciones que coticen a la Seguridad Social.

Asimismo, se han aprobado los aplazamientos de pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social, la bonificación del cien por cien de dichas cuotas a los empresarios si contratan a desempleados, y la eliminación del periodo de espera para empezar a cobrar el paro. Además, se impulsa la contratación parcial, medida de la que se podrán beneficiar también los trabajadores a tiempo parcial con jornadas muy reducidas.