La reforma de la ley del aborto permite la interrupción libre del embarazo hasta las 14 primeras semanas

El Consejo de Ministros deberá decidir mañana si aprueba o no el informe del Comité de Expertos, equipo de personas que asesora al Gobierno sobre la reforma de ley del aborto, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, según ha anunciado la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

El grupo de expertos que han preparado el informe sobre el aborto plantean ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación.

Uno de los expertos, el doctor Martínez Salmeán, explica que la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser "libre e informada". "Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida". Asimismo,por encima de las 22 semanas se estaría hablando de un parto inducido en medicina perinatal. En el caso de malformaciones incompatibles con la vida diagnisticadas más allá de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.

Por otra parte, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que "en ningún caso" las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "podrán ser castigadas con penas de prisión". Según la jurista María Duran, la propuesta de los expertos pasa por la despenalización del aborto para la mujer y por atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión. Aído ha explicado que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel". Sin embargo, añadió que se perseguirán los abortos "no consentidos e ilegales".

"Una ley más segura"

La reforma no pretende, según Aído, hacer "una ley más permisiva, sino una ley más segura". "Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos". También ha afirmado que la ley pretende proteger la vida del no nacido, "cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad".

Ante las voces críticas que han surgido en torno a la iniciativa del Gobierno, Aído ha afirmado que el Ejecutivo "no puede seguir en ningún caso criterios fundamentalistas de ninguno de los extremos". Asimismo, ha añadido que "nadie quiere que la tendencia de embarazos no deseados se consolide" al tiempo que aclaró que la solución "no es la IVE". "Queremos menos intervenciones y más garantías, no más intervenciones y menos garantías como sucede hoy".

El anteproyecto de ley se presentará antes del verano, según la ministra de Igualdad, que destaca que hoy hace seis meses y un día que fue anunciada la comisión de expertos que ha analizado en cinco sesiones conjuntas la legislación internacional sobre la IVE para elaborar su informe.