Obligada inhibición

La respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a los requerimientos del juez Garzón en torno a la instrucción del llamado caso Gürtel, por la que le pide que se inhiba a favor de los Tribunales Superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana descartando, por tanto, que los indicios contra aforados nacionales del PP basten para que la causa se eleve al Supremo, no impide que el magistrado siga instruyendo la misma mientras no se resuelva la cuestión de competencia. Pero el margen legal de que dispone Garzón para retener las actuaciones, y aun cuando el informe del Ministerio Público no es vinculante, no debería desembocar en una suerte de pulso que demore más allá de lo jurídicamente razonable la cesión de todo o de parte del sumario a los tribunales a los que corresponde decidir sobre la imputación o no de los diputados autonómicos supuestamente involucrados en la trama de corrupción. Especialmente cuando el discurrir de la instrucción está dando lugar a situaciones de indefensión, producto de las filtraciones continuadas de un sumario todavía secreto; cuando puede suscitar eventuales disfunciones si Garzón prosigue con las pesquisas haciendo un uso extensivo de sus prerrogativas, contra el criterio expresado ya por la Fiscalía; y cuando la controversia en torno a la competencia da lugar a negativas a testificar como la del ex alcalde de Boadilla, que ayer se acogió al derecho constitucional a no hacerlo mientras no se aclare a quién corresponde el caso.

El hecho de que el juez pueda seguir investigando mientras no se fuerce su inhibición o no decida sobre ella no le exime de calibrar si cabe anteponer los potenciales beneficios de proseguir con sus actuaciones y con el secreto sumarial a las dudas e, incluso, la inseguridad jurídica que despierta el no haber elevado aún la causa a los Tribunales Superiores disponiendo, al parecer, de indicios fundados contra parlamentarios autonómicos. Particularmente grave resulta no sólo que no se haya impedido la vulneración del secreto de las actuaciones tanto en lo que afecta a esos diputados, como singularmente al senador y al europarlamentario del PP cuya supuesta implicación en la causa se ha aireado sin que, según sostiene la Fiscalía, existan pruebas ahora que justifiquen su posible imputación por el Supremo. Unas filtraciones cuyo origen, cabe recordar, ha dado lugar a la apertura de una pieza separada por parte del propio juez Garzón.