Darfur condena al presidente sudanés

El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió ayer una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, en la que se le imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región de Darfur desde abril de 2003. Nunca hasta ahora esta corte, radicada en La Haya y creada hace siete años, había solicitado el arresto de un mandatario en el ejercicio de su poder y según Luis Moreno Ocampo, fiscal del TPI, podría ser puesto a disposición judicial en cualquiera de los 180 países miembros de la ONU. Laurence Blairon, portavoz del tribunal, acusó al dirigente africano de siete cargos de extrema gravedad entre los que se incluyen el asesinato, exterminio, violación y tortura de grandes contingentes de civiles, aunque aseguró que no se había incluido el cargo de genocidio por falta de pruebas.

La reacción en Jartum fue de total repudio a la orden, con manifestaciones aparentemente espontáneas de adhesión a la acosada autoridad de Al-Bashir. Abdel Baset Sedrat, ministro de Justicia, ya ha advertido que el país no entregará al presidente, además de tachar de «decisión política» la medida y negar la competencia del tribunal en el territorio sudanés. Según Sedrat, Al-Bashir no modificará su agenda. El mandatario tiene previsto asistir este mes a la cumbre de la Liga Árabe en Qatar.

A la espera de la incidencia de la decisión del TPI en el proceso de paz iniciado, curiosamente, a partir de conversaciones en el emirato qatarí, ha sido en el ámbito de la cooperación internacional donde las consecuencias han sido inmediatas y relevantes. La respuesta más contundente del régimen sudanés ante este ataque a su cúpula llegó con la decisión de revocar inmediatamente las licencias de actuación de diez agencias de cooperación que actualmente llevan a cabo labores de apoyo a la población de Darfur. Su labor beneficia a los numerosos desplazados por los combates y la política de tierra quemada de las Fuerzas Armadas y las guerrillas.

Grandes perjuicios

La Comisión de Ayuda Humanitaria de Sudán ha llamado a los responsables de estos grupos para comunicarles la cancelación de los permisos de trabajo sin ninguna explicación. Según las ONG afectadas, esta paralización provocará a corto plazo grandes perjuicios a las decenas de miles de civiles que permanecen en los campos de acogida y que dependen de la asistencia exterior para su supervivencia.

La decisión del Tribunal de La Haya también ha concitado adhesiones. Frente al rechazo de Jartum, destaca la exultante alegría de Ahmad Husein Adham, portavoz del Movimiento para la Justicia e Igualdad (MJI), uno de los principales grupos guerrilleros antigubernamentales que operan en Darfur. «Es un gran día que representa un éxito verdadero para las víctimas, que alcanzan los 300.000 muertos, y otros cientos de miles de desplazados», afirmó en declaraciones a la cadena de televisión Al-Yasira e, incluso, reveló que mantiene contactos con otras fuerzas «para salir del colapso en que se encuentra el país».

Curiosamente, el MJI y delegados de Jartum firmaron hace quince días en Doha, la capital qatarí, un acuerdo por el que se comprometían a iniciar en marzo conversaciones para alcanzar un compromiso global y definitivo sobre el conflicto.

La buena voluntad iba a ser ratificada con la liberación de presos y un llamamiento a la participación de otras formaciones rebeldes como el Movimiento para la Liberación de Sudán, que habían rechazado tomar parte en la primera mesa de negociaciones.