La juez decreta prisión sin fianza para el alcalde de Alcaucín y el arquitecto de la Diputación

La juez instructora de la operación Arcos contra la corrupción urbanística ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza del alcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín y del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora. Ambos han sido trasladados a la prisión de Alhaurín de la Torre después de declarar durante toda la tarde en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga.

José Manuel Martín, alcalde de Alcaucín desde 1991 y detenido el pasado viernes junto a otras doce personas, llegaba a primera hora de la tarde a los Juzgados para prestar declaración. En la puerta le esperaba una treintena de vecinos que le ha recibido entre aplausos. Martín, quien ha dimitido hoy de su cargo y ha renunciado al acta de concejal, está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. Mientras que al arquitecto José Francisco Mora se le imputan los presuntos delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación.

También ha comparecido ante la juez el aparejador que ejerció como tal en el Ayuntamiento de Alcaucín Francisco Lorca, que ha quedado en libertad provisional sin fianza y acusado de presunto delito de prevaricación.

Libertad con cargos

Horas antes de concluir la declaración del alcalde, la juez Irene Urbón, ha impuesto una fianza de 120.000 euros para tres empresarios relacionados con esta presunta trama de corrupción urbanística destapada el pasado viernes. Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico tienen diez días hábiles para depositar las fianzas, además de la prohibición de salir de España. Además, Luis Eduardo Crooke, yerno del primero de los empresarios, ha quedado en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

A Llamas y Crooke se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, mientras que Rico y Tejada están acusados de los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.

Otro de los detenidos, el gestor inmobiliario Pedro José Grandfils, ha quedado en libertad con cargos, sin fianza y prohibición de salir del país, se le imputan nueve delitos por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.