El Gobierno da por concluido el debate y adopta reformas laborales de modo unilateral

La más pesimista de las hipótesis se cumplió. El entendimiento entre Gobierno, patronales y sindicatos resultó imposible en la primera etapa del diálogo social. En consecuencia, tras tres semanas de «debate y discusión», el Ejecutivo ha adoptado unilateralmente un paquete de medidas urgentes -relativas a los empresarios que den trabajo a desempleados con prestación, contrato a tiempo parcial, expedientes de regulación, aplazamiento de pagos a la Seguridad Social, nueva línea del Instituto de Crédito Oficial, servicios públicos de empleo y acceso al subsidio de paro- criticadas por CEOE, CEPYME, CC OO y UGT. Los cambios entrarán en vigor dentro de «dos meses», con «un coste inicial de 1.500 millones de euros», según el titular de Trabajo, Celestino Corbacho.

La reforma más novedosa de las anunciadas permitirá a la empresa que coloque de forma indefinida a un desempleado que esté percibiendo la prestación de paro anular el 100% de su cuota a la Seguridad Social, hasta alcanzar el importe que tuviera pendiente. La medida será, en cualquier caso, opcional para el empleado y la bonificación no podrá extenderse más allá de tres años. También subirán las ayudas en las aportaciones sociales de los contratos a tiempo parcial, en sintonía con la duración de la jornada, hasta el punto de que si el horario llega al 70% del considerado ordinario, la bonificación será del 100%.

Otra de las iniciativas confirma lo adelantado por Corbacho. Los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que después sean despedidos contarán con hasta 120 días más de prestación de paro. Mientras las empresas que recurran a este tipo de reestructuración recibirán una bonificación del 50% de la cuota que paguen a la Seguridad Social por los trabajadores regulados temporalmente, con un límite de seis meses.

En el paquete figura igualmente flexibilizar el aplazamiento para pagos a la Seguridad Social a favor de empresas en crisis, condicionado al compromiso de mantenimiento del empleo. Esta medida conlleva el retraso a fin de año de las entregas previstas en 2009 al fondo de reserva de pensiones. Asimismo, habrá más recursos económicos y humanos para las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) y se eliminará la espera, aproximadamente de un mes, entre el cambio de la prestación contributiva de paro a la asistencial. Por último, las medianas empresas dispondrán de una línea especial del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar su capital circulante.

Próximo viernes

El Consejo de Ministros del viernes dará luz verde a las medidas y a los instrumentos legislativos que permitirán su aplicación. La decisión del Ejecutivo se conoció ayer después de una nueva reunión de la comisión de seguimiento del diálogo social. Corbacho explicó que Moncloa remitió hace unas semanas sus propuestas a empresarios y sindicatos, lo que abrió un amplio debate. Posteriormente, una vez comprobado que el consenso era imposible y que el tiempo apremia, el Gobierno optó por «un pronunciamiento».

Los portavoces de CEOE y CEPYME calificaron los cambios de «insuficientes». Recordaron que su apuesta radica en una reforma laboral profunda, abordar el absentismo y obtener una rebaja generalizada de cuotas a la Seguridad Social y dejaron patente que no se van a conformar con menos.

El tono crítico más fuerte corrió a cargo del responsable de Acción sindical de CC OO, Ramón Górriz, quien advirtió de que la caída de los costes laborales no crea empleo. A su juicio, la reducción de cotizaciones vía bonificaciones, mermará el margen de maniobra del Estado en el gasto público y deteriorará el sistema de protección social. Su homólogo en UGT, Antonio Ferrer, fue más suave. Señaló que el contenido de las reformas está «bien direccionado» pero «con poco compromiso empresarial». Ambos sindicalistas también lamentaron que la prestación de paro se convierta en una bonificación para las empresas.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones cuando un Gobierno ha impuesto modificaciones sin consenso en el ámbito laboral, CC OO y UGT no mencionaron la convocatoria de movilizaciones. Górriz insistió en que la última palabra sobre lo ocurrido corresponderá a los órganos de dirección del sindicato.