Los populares creen haber verificado que sus finanzas están limpias
El martes, el Comité Ejecutivo analizará los resultados electorales pero, sobre todo, la reunión buscará una respuesta a la crisis provocada por la trama de corrupción. Mariano Rajoy quiere dar un giro copernicano a la línea de actuación que ha conducido hasta ahora Federico Trillo, empeñado en acusar al enemigo y lograr el cierre de filas frente a la ofensiva exterior del Gobierno y el juez, a los que implicó en una «trama contra el PP».
Actualizado: GuardarA partir de la próxima semana, los populares empezarán a depurar responsabilidades. El Comité Ejecutivo conocerá los resultados de la investigación que ha realizado la vicesecretaria Ana Mato bajo la supervisión de la secretaria general, Dolores Cospedal. Se trata de pesquisas internas que alimentan los trámites oficiales de la Comisión de Derechos y Garantías.
En el seno de esa investigación se ha interrogado a los afectados por el sumario que instruye Baltasar Garzón y se les han pedido datos de las acusaciones que les incumben. Además, Mato conoce bien los detalles de las contrataciones del PP con las empresas de Francisco Correa porque fue coordinadora de Participación y Acción Sectorial cuando, en el 2003, la dirección nacional empezó a darse cuenta de los abusos y redujo drásticamente las relaciones con las firmas que están siendo investigadas.
Rajoy ha despachado con el tesorero Luis Bárcenas para conocer los detalles de las cuentas del partido, así como su versión de los hechos. Los anteriores secretarios generales -Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos- garantizaron al presidente del partido la limpieza de su financiación y aseguraron que Correa nunca aportó «ni un euro» al mantenimiento de la organización. Es más, le aseguraron que ni siquiera cuando el PP abrió una suscripción pública para pagar la seguridad de los cargos amenazados en el País Vasco recibieron aportación alguna del empresario. «No está en juego la financiación del partido; las cuentas son impecables, lo que está en duda es el posible enriquecimiento personal de Bárcenas», afirma una fuente de la cúpula popular conocedora de las conversaciones de Rajoy y su tesorero.
A estas alturas, la dirección nacional asegura tener la «certeza» de que las cuentas «están limpias». Otra cosa son las responsabilidades personales de los mencionados en la causa judicial. Todos los interrogados mantienen su inocencia. «No tenemos información para cuestionar a nadie», alegan las fuentes consultadas.
No obstante, la Comisión de Derechos y Garantías puede trabajar con los cuatro dimisionarios de Madrid y el objetivo es lograr que pidan la baja voluntaria en el partido, como hizo el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. De no hacerlo voluntariamente, el procedimiento continuaría hasta llegar a la suspensión de militancia y la expulsión de los afectados se producirá con las pruebas que se conozcan cuando se levante el secreto del sumario. «Iremos a degüello», dice un alto dirigente del partido en línea con Rajoy.
«Cuando se conozca el sumario, la estrategia de Trillo saltará por los aires y empezaremos a pagar las hipotecas», apunta otro alto cargo, descontento con los trámites ideados por el portavoz de Justicia. No es el único político popular que discrepa de la ofensiva de su partido contra el juez en una táctica de defensa global de la organización para proteger al tesorero. De hecho, el eurodiputado Guillermo Galeote se negó a aceptar la decisión de Trillo de denunciar a Garzón ante la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, como hizo en nombre de Bárcenas el abogado del partido.
