Gobierno, Banco de España y el sector bancario se preparan ya para un rescate

El sistema financiero español, que superó sin quebranto la fase más aguda de la crisis -que se ha llevado por delante a gigantes como Royal Bank of Scotland o Citigroup- empieza a mostrar signos de fatiga. El Gobierno, el Banco de España y el sector ya se preparan para un empeoramiento y analizan las opciones por si hubiera que llevar a cabo alguna operación de rescate. Todos se inclinan por actuar, adaptándose a las nuevas circunstancias, según el modelo que permitió capear graves episodios de crisis en la segunda mitad del pasado siglo. En la medida en que las provisiones atesoradas en época de bonanza se agoten, quedará el recurso al salvamento conjunto, con ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos.

«Siempre que se pretendía atacar a la banca diciendo que, cuando todas las empresas iban mal, los bancos iban cada vez mejor, mi respuesta fue que era cuestión de esperar. Si las empresas van mal, los activos bancarios acabarán siendo malos y, aunque los resultados de explotación de los bancos sean, a primera vista, satisfactorios, la necesidad de aprovisionar los activos fallidos se comerá una parte creciente de los resultados». Así resumía Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) en el difícil período 1978-1990, las pistas para detectar futuros problemas.

Y es que los riesgos aumentan, como advirtió el gobernador del Banco de España la pasada semana. La morosidad ha crecido, y se disparará en los próximos meses, cuando se agoten las vías que muchas entidades están usando para diluirla, la principal de ellas, la adjudicación de inmuebles, con lo que promotores o compradores de viviendas se libran de sus débitos. En los mercados mayoristas donde se abastecen bancos y cajas ya hay dinero, pero cada vez más caro. Todas esas dificultades repercuten en un drástico recorte del negocio. Ya sea por desconfianza excesiva, o por prudencia, la actividad de las entidades se ha reducido, y con ello los beneficios.

Hasta ahora, el sistema español ha capeado el temporal, e incluso recibido elogios de autoridades mundiales, gracias al mecanismo de provisiones que, en tiempos de vacas gordas, estableció el Banco de España haciendo oídos sordos a las quejas del sector. Cuando se superó la crisis de 1993, el supervisor determinó que los bancos y cajas tenían que realizar reservas proporcionales a la expansión de su negocio. No se trataba sólo de cubrir potenciales fallidos, sino de admitir que cualquier prestatario podía pinchar en el futuro.

Las exigencias de provisiones, que primero se llamaron estadísticas, luego anticíclicas y, finalmente, genéricas, se suavizaron con el tiempo. Ahora hemos entrado en la fase en que bancos y cajas empiezan a echar mano de esos fondos para aliviar las exigencias de provisiones específicas que, estas sí, tienen que responder de los créditos impagados. Fuentes del sector calculan que la 'hucha' de las provisiones genéricas se agotará en 2010 o antes. Y alguna entidad vulnerable puede necesitar ser rescatada antes de ese plazo.

Antes, incluso, que el colchón de las provisiones, las autoridades económicas y el supervisor español establecieron el Fondo de Garantía de Depósitos como otra fórmula para afrontar crisis bancarias. La experiencia acumulada en operaciones de salvamento es cuantiosa. La clave del mayor o menor éxito en la superación de dificultades reside en que -de grado o por la fuerza- responsables económicos y el sector financiero colaboraron estrechamente para sacar a flote a los bancos y cajas con problemas.

Salvamento conjunto

El Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios nació por decreto aprobado el 11 de noviembre de 1977. Aunque inicialmente se creó como un simple seguro de depósitos, sucesivas modificaciones lo adaptaron hasta convertirlo en instrumento eficaz a la hora de salvar a entidades en dificultades. Para una mejor adecuación se constituyeron tres fondos, orientados a actuar en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, respectivamente. Por ley, los fondos se nutren de las aportaciones de los socios -las entidades de cada subsector- y del Banco de España. Pero en 1997 se suprimió la contribución del instituto emisor. De ahí que sea verdad, al menos en parte, que un rescate a través del FGD no echa mano de recursos públicos.

Los episodios más notorios de salvamento se realizaron, por otra parte, con la cooperación de las entidades más fuertes. Así ocurrió en la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta. Por Banca Catalana pujó, en 1983, La Caixa, pero fue el Banco de Vizcaya quien se quedó la entidad. De 17 de los bancos de la expropiada Rumasa se hizo cargo, en 1984, un consorcio de ocho bancos. El intervenido Banesto salió a flote con un plan financiado a medias entre el Fondo de Garantía de Depósitos y la banca privada. La implicación de ésta fue total: desde el préstamo de un equipo gestor hasta la participación en la subasta que insertó el banco en la órbita de uno de los grandes grupos.